En los países de América latina con regímenes políticos democráticos denominados "nuevas o recientes democracias" por O´Donnel 1, se han presentado en general características similares en sus procesos de conformación, a otros como los de Europa oriental, Asia y África.

Se utiliza el adjetivo de "nuevas o recientes" por dos motivos: en oposición a las viejas democracias ya consolidadas y porque en estos casos han estado precedidas por regímenes autoritarios.

Este es el caso de Argentina, pero con el agravante que este país ha transitado una historia de alternancia entre gobiernos de facto y elegidos por el pueblo, hasta 1989, fecha en que se produce por primera vez el traspaso del poder de un gobierno democrático a otro.

A la luz de 22 años de este proceso de secuencia democrática ininterrumpida, hacemos propia y reconocemos como absolutamente válida la obsesionada interrogación que sobre la democracia como régimen político, se hacía Guillermo O´Donnell, al ocuparse desde el análisis teórico por la comprensión y definición de las "democracias" quien considera y establece diferencias cualitativas importantes entre las "plenamente institucionalizadas o consolidadas" y las que están en vías de transición a su consolidación, a las que el autor denomina como "Democracias Delegativas", en las cuales el grado o alcance de sus procesos de institucionalización es débil, frágil o de baja densidad.

En la transición institucional del régimen autoritario y absolutamente represivo considerado terrorismo de Estado (1976-1983) en la Argentina al régimen democrático llevado a cabo por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), el presidente se enfrentó a dos grandes desafíos: la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y la estabilización de la economía que presentaba reiteradamente profundas crisis estructurales.

El gobierno radical empeñado en lograr el cumplimiento de los dos grandes desafíos entendió que con la restauración de la Democracia, el Estado de Derecho, la Ética Pública, y el fortalecimiento de las instituciones se podía dar resolución a ambas cuestiones absolutamente complejas: la política y la económica.

En el plano político, la transición institucional a la democracia por su incompletud respecto de aquélla búsqueda de subordinación total de las fuerzas militares, se la considera inconclusa habida cuenta de las presiones militares en reiteradas insurrecciones al gobierno, dando por resultado, en el marco del juzgamiento a las Juntas Militares de la dictadura, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida por un lado y por otro, porque la consolidación plena del conjunto de las instituciones no fue lograda.

Dicha institucionalización requeriría de un tiempo histórico diferente, de acciones políticas concretas en el sentido de fortalecer y promover desde el Estado el funcionamiento republicano de sus instituciones más importantes facilitando la participación de diversos actores sociales en los procesos decisorios políticos como mediadores de los intereses colectivos cuyas identidades e intereses debieran expresarse y de otra cultura de la clase política y la ciudadanía en pos de un interés colectivo de construcción de un régimen social y político esencialmente democrático, en donde el respeto por las instituciones y los organismos formales e informales, encontraran su dinámica de ejercicio en el apoyo de la legitimidad y legalidad impuesta por el Estado de Derecho a través de la Constitución y de las leyes de la Nación.

En el plano económico, el gobierno debía resolver a su vez, no sólo la adecuación de un modelo de acumulación acorde a las nuevas reglas de juego internacionales, sino simultáneamente cambiar el patrón histórico de intervención del Estado en la economía y por consecuencia en la sociedad. Este patrón de comportamiento del Estado, caracterizado por una economía sustitutiva, cerrada o semicerrada, de intervención y franca regulación de las relaciones sociales por el Estado respecto de los otros actores sociales como empresarios, sindicatos, clase obrera y mercado, presentaba signos elocuentes de deterioro, encontrándose para la década del ´80 en franca desaparición por su carencia de efectividad. Este modelo de intervención del Estado ha sido denominado por Marcelo Cavarozzi como la Matriz Estado Céntrica (MEC). 2

La crisis mundial del sistema capitalista a raíz del aumento del precio del petróleo, ocurrida a mediados de la década del ´70, el aumento abusivo de la deuda externa de la mayoría de los países de América Latina y de Argentina específicamente y la crisis política-económica de los países socialistas que culminaron con la caída del Muro y posterior desaparición de éstos, fueron factores clave en la reorganización del sistema económico capitalista a nivel mundial y en la renovación e imposición de un viejo paradigma ideológico liberal-conservador.

En consecuencia, las reglas de juego de la economía internacional habían cambiado, necesitándose, desde estos países, otra inserción al mercado mundial de mercancías y capitales en el marco de la globalización, donde los preceptos neoliberales encontraron el campo fértil para imponer su estrategia económica y política. Estrategia que trató de imponerse desde y con la complicidad de los gobiernos instaurados mediante los golpes de Estado. Siguiendo a Cavarozzi, señala que a fines de la década del ´70, los preceptos del liberalismo renovados por los teóricos neomonetaristas fueron receptados por la nueva generación de dictadores militares. El antiestatismo, según O´Donnell suministró la retórica para lograr una fusión ideológica poderosa: por un lado ofreció una interpretación coherente de cómo el malestar económico, las crisis periódicas y el estancamiento eran generados por las prácticas estatales vinculadas a la Matriz Estado Céntrica. Por el otro, la ideología antiestatista diagnosticó que las disputas intra e intersectoriales, en torno a la regulación estatal de la distribución de ingresos eran la principal causa de los conflictos sociales y el carácter crónico de las movilizaciones de masas. Esto facilitó a los militares, la atribución a ambos fenómenos de ser causas de la subversión comunista por lo que debían ser extirpadas de raíz. 3

Sabido es que los militares fracasaron en el terreno económico, el cual seguía en crisis agravada y teñida por altos grado de corrupción, y en el terreno político-militar en el cual fueron los responsables de las aberraciones más profundas respecto a la violación de los derechos humanos. La desastrosa Guerra de Malvinas enfatizada ante la ciudadanía en general, ansiosa de recuperar material y simbólicamente las islas, terminó por cristalizar la caída, disolución y descrédito absoluto del régimen. Según algunos autores allí comenzó la verdadera transición.

La pretensión del gobierno radical de poner en marcha alguna de las recomendaciones neoliberales en boga, como el ajuste fiscal y las privatizaciones de empresas de bienes y servicios públicos, recibió la más férrea de las oposiciones no sólo de las corporaciones de empresarios parasitarios de la antigua matriz estado céntrica, sino también de las asociaciones gremiales y sindicales, además del rechazo abierto y sistemático de la oposición política histórica del peronismo que transitaba a su interior una aguda crisis después de la derrota electoral.

Sin embargo, se pudieron abrir algunos canales de participación ciudadana: El Programa Alimentario Nacional que no lograba satisfacer la demanda social, ilusionada con el retorno a la democracia; el Congreso Pedagógico Nacional, ámbito en el que se discutiría la reestructuración del sistema educativo en crisis, el cual sólo sirvió para evidenciar las falencias de un sistema nacional en progresivo deterioro y la creación del Consejo para la Consolidación Democrática, al que se le había encomendado privilegiadamente estudiar los aspectos conducentes a la Reforma Constitucional.

Un solo hecho histórico merece especial mención a pesar de su relativa efectividad, el Juicio a los responsables de la dictadura, que si bien el mérito se vio empalidecido por las leyes que mencionamos más arriba, fue único en la historia de América Latina y demostró la voluntad de la autoridad política de imponer castigo a los culpables de la desaparición de personas, torturas, apropiación ilegítima de niños y del patrimonio de las víctimas secuestradas.

Es probable, que estas leyes, las de Punto final y Obediencia debida no se hubieran promulgado, de existir un gobierno y una sociedad con comportamientos históricos absolutamente democráticos, en donde las reglas de juego están establecidas en la Constitución y en las leyes. La fragilidad institucional de esa transición democrática primó a la hora de condenar a los culpables.

La gestión gubernamental del radicalismo terminó con un absoluto descontrol de la economía cuyo aspecto más visible fue el fenómeno hiperinflacionario, lo que daba cuenta no sólo de la erosión y volatilidad de la moneda sino de la autoridad política del presidente, en forma simultánea; se acababa así el liderazgo inicial y la legitimidad política procedente de las urnas.

La frase acuñada por el gobierno alfonsinista, con la democracia se come, se educa y se cura, después de varios intentos de estabilizar y ajustar la economía como el Plan Austral o el Plan Primavera, con relativos éxitos, prontamente la realidad evidenció la imposibilidad del gobierno de transferir el discurso político a la sociedad.

El descontento social y el desborde de la conducción política impidieron al gobierno llegar al final y el traspaso del mando se produjo anticipadamente al nuevo presidente electo Carlos Saúl Menem. Este acontecimiento por sí solo evidenció la fragilidad institucional del sistema que afortunadamente pudo transitar a un nuevo gobierno elegido por el pueblo, fenómeno que ocurría por primera vez en la historia de la Argentina, el traspaso del mando de un presidente electo a otro, como ya lo mencionamos.

Hasta aquí la fragilidad institucional del sistema político podría comprenderse, dado el pasado inmediato autoritario, que no era fácil de revertir, una historia de alternancia con los regímenes de facto y una cultura social al respecto. El funcionamiento de las instituciones empezaba de nuevo a transitar un arduo camino. De este gobierno de transición a la actualidad se han sucedido dos períodos gubernamentales (10 años) de Menem, un período de la Alianza con De la Rúa y Alvarez ( interrumpido por desbordes políticos y sociales por lo que asumió un presidente elegido por el Congreso Eduardo Duhalde) y lo que va del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007). Sin embargo la cualidad "en transición a la consolidación democrática" sigue vigente, probablemente porque desde el Estado, desde la sociedad civil y desde la historia, la "delegación de poder" es la forma estructural de hacer política en Argentina.

En nuevo presidente electo, Carlos Menem, asumió el poder con un discurso francamente populista y haciendo hincapié en la "revolución productiva y el salariazo" en el marco de una segunda transición hacia la consolidación de la democracia. La democracia delegativa estaba afianzada, dada la importancia de los procesos electorales en su constitución.

La agenda pendiente del alfonsinismo sería retomada por el menemismo: subordinar las Fuerzas Armadas y estabilizar la economía. También seguía pendiente la deuda social. La sociedad en su conjunto apostaba a su realización con los aires renovadores de un nuevo gobierno, cuyos símbolos históricos fueron utilizados: la Justicia Social. La economía se estabilizó, el patrón de acumulación cambió privilegiándose los grandes sectores del poder económico, la redistribución del ingreso fue excluyente para amplios sectores de la sociedad, la pobreza y la indigencia aumentaron considerablemente, pero primó ostensiblemente desde el punto de vista político, la concentración del poder con sesgo autoritario y el debilitamiento institucional del sistema de control constitucional, como los poderes legislativo y judicial.

Simultáneamente a la ascensión de este gobierno, el diagnóstico de los mentores del Consenso de Washington era claro y preciso. Los gobiernos, sobre todo los de América Latina, debían reducir drásticamente el déficit fiscal para lo cual se propició la apertura de la economía con la desregulación de bienes y servicios, la liberalización comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales y el achicamiento del Estado, entre otras cosas.

La ortodoxia liberal aseguraba que el cambio de patrón en el nuevo ciclo de acumulación y la minimización de la intervención del Estado en el mercado, daría por resultado el crecimiento económico y a partir de allí toda la estructura social gozaría del "efecto derrame". Es decir se resolvería la crisis económica, se pagaría la deuda externa y los salarios aumentarían su poder adquisitivo. El mercado sería para esta visión, el mejor reasignador de recursos hacia el conjunto de la sociedad.

En el terreno político, la subordinación de los militares se efectuó a un costo social y político altos. Los responsables de la violación a los derechos humanos fueron indultados. Otra vez las instituciones civiles cedieron ante el reclamo de los militares que se habían propuesto un nuevo golpe de estado en los acontecimientos del ´90 encabezados por Seineldín.

En el campo de la economía el gobierno buscó, inmediatamente de asumir al poder, el apoyo y las alianzas con los sectores más poderosos de la economía nacional y de los organismos internacionales, capturando al pié de la letra los postulados liberales más ortodoxos, dando marcha así a la Reforma del Estado y a la reestructuración económica.

A poco de andar, las promesas electoralistas se fueron desvaneciendo ante el giro ideológico abrupto de la autoridad política, síntoma también atribuido a la "delegación de poder". La implementación del modelo neoliberal prontamente dio sus frutos, el desmantelamiento del Estado implicaba sobretodo reducción de recursos humanos que progresivamente iban engrosando las filas de desempleados, precarizando los que lo conservaban y generando paulatinamente un sector de "nuevos pobres". En gran parte el proceso de Reformas se impuso por la voluntad política del presidente, quien para esas alturas se consideraba el "salvador de la patria " por lo cual poseía el "poder delegado". La labilidad del Congreso de la Nación que permitía el uso exagerado de decretos de necesidad y urgencia estaban dando cuenta de la concentración de poder que iba efectuando el gobierno en desmedro de la institucionalización democrática. Todo este conjunto de situaciones descriptas constituyen las características que O ´Donnell atribuye a las Democracias Delegativas. Para este tipo de poliarquía, señala el autor, no sólo el legislativo representa un estorbo sino el poder judicial. En ese sentido el hiperpresidencialismo de Menem constituyó una Corte Suprema a su medida, aumentando el número de miembros de la corte, para lograr la dependencia de la institución al poder ejecutivo, situación que se conoció como la mayoría automática.

La emergencia de la situación económica, como señala Hugo Quiroga 4, favorecía el decisionismo político. La responsabilización política, más conocida como "accountability" no tenía cabida, ni la horizontal ni la vertical. Es decir el control de los actos de gobierno por organismos ajenos al poder ejecutivo, en el primer caso y en el segundo el control en línea ascendente o descendente dentro del mismo poder era prácticamente nulo. La corrupción se institucionalizó y difundió por los poros de una sociedad compleja. La extrema carencia histórica-institucional y social, respecto a una cultura cimentada en la evaluación y en la rendición de cuentas, conformó y confirmó, sin lugar a dudas, otro rasgo de la "delegación".

La inflación, que había erosionado el poder del presidente anterior debía ser controlada. La ley de Convertibilidad promulgada a esos efectos, significó el establecimiento de un nuevo tipo de cambio: 1 peso igual 1 dólar, medida que controló ipso facto la inflación pero paulatinamente impulsaría la reorientación de los capitales a la importación antes que a la producción, con el beneficio adicional de la liberalización de los aranceles y el tratamiento igualitario para capitales nacionales como foráneos, lo que en poco tiempo produciría el desmantelamiento de la industria nacional sobretodo de la pequeña y la mediana empresa. Todas estas medidas en conjunto, fueron minando las posibilidades de desarrollo social del conjunto de la sociedad y profundizando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen.

La Reforma laboral, del segundo período menemista, vulneraría la esencia de la relación histórica entre el asalariado y el peronismo. Relación que llegó a su punto máximo, cuando se reformó la Constitución Nacional de 1853, en 1949 luego dejada sin efecto, resaltando la incorporación y definición de los derechos sociales. Este tercer gobierno peronista, iniciaba para la Argentina no sólo la crisis de la sociedad salarial sino la crisis de la representación política, fortaleciendo la existencia y constitución de los "poderes delegados". La falta de representatividad, característica de las democracias débiles, implicaba además la falta de límites al poder omnímodo del presidente. Los límites sólo provenían de los poderes reales existentes y del término a su mandato definido en la Constitución, de lo que habría que ocuparse imperiosamente. El gobierno en vez de fortalecer las instituciones republicanas y el respeto a la Carta magna, propició y logró la Reforma Constitucional del año 1994 con el objetivo unívoco de incorporar en ella la reelección presidencial. Su vocación hegemónica lo llevó a considerar la posibilidad de un tercer mandato. Las instituciones en vez de consolidarse democráticamente dejaban espacio para el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción. La delegación de poder de los delegadores (votantes) se completaba con pasividad y complaciencia, configurándose la otra cara de la moneda del hiper-presidencialismo y de la concentración autoritaria del poder.

La democracia como sistema político consolidado o delegado, no garantiza la democracia social. La apropiación conservadora y excluyente del ingreso, base material del nuevo modelo, coexiste sin contradicción con los procesos formales de la democracia.

Según Mario Damill, para 1975 las manufacturas generaban el 35% de los puestos de trabajo urbanos, para 1980 esa participación declinó al 30,2%, para 1990 al 23,3% y para el 2001 sólo al 16%. La población activa, es decir las personas con voluntad y en condiciones de trabajar se incrementó del 38,7% en 1976-1980, al 42,2% en 1996-2000, reflejando la presencia femenina en el mercado de trabajo. La tasa promedio del desempleo abierto de 1996-2000 resultó del 15% de la población activa lo que equivale a cuatro veces y media la tasa estimada para 1976-1980. La tasa de subocupación se triplicó. Los salarios reales declinaron: el salario real medio en la industria manufacturera 1995-2000 fue de un 27% más bajo que el promedio de 1976-1980 y éste ya era de un 30% inferior al quinquenio precedente. "Estos dos elementos, es decir, el empeoramiento del panorama laboral en materia de empleo y la tendencia declinante de los salarios, se cuentan entre los factores que alimentaron el deterioro de la equidad distributiva". El porcentaje de individuos por debajo de la línea de pobreza era de 4,4% en 1974, 8,3% en 1980, 21,8% en 1991 y de 35,4% en 2001. El porcentaje de indigentes fue del 1,7% en 1974, de 3,3% en 1991 y de 12,2% en 2001. 5

Con estos porcentajes absolutamente elocuentes de la década en la que se reinstauró y consolidó la democracia advertimos claramente que no hay relación directa entre sistema democrático y desarrollo social o bienestar general. Sin embargo, si la democracia es el gobierno del pueblo, el objetivo de ella debiera ser el "bien común". Cómo conciliar libertad, igualdad y fraternidad con pobreza extrema?

En el gobierno actual, (2003-2007) hay un crecimiento económico espectacular, cuyo índice ronda el 9%. Muy poco se ha trasladado a disminuir la pobreza y el desempleo.

Veamos los siguientes datos:

*Tasas de empleo y desempleo en el total de aglomerados urbanos.

Sabemos que el desempleo ronda el 14% y en los porcentajes expuestos por el INDEC se contabilizan como ocupados el sector de la población que recibe el subsidio del Plan Jefes/as de Hogar desocupados.

*Hogares y personas bajo línea de pobreza y de indigencia

Si a estos índices, sumamos al gobierno actual un rasgo evidente respecto a la concentración del poder y por ende al debilitamiento de las instituciones democráticas, advertimos sin mayores problemas que lo consolidado en la Argentina es la "Democracia Delegativa".

Reflexión final:

En argentina se ha producido la fragmentación y extensión de la pobreza más salvaje de la sociedad en la década del ´90, como consecuencia de la implementación de un modelo conservador que no midió las consecuencias sociales. Difícil será revertir ese proceso. En la actualidad el modelo vigente es el mismo, tiende a mejorar algunos de sus factores redistributivos. Pero la profundidad y severidad de los índices de pobreza expuestos, sólo nos muestran que en el mejor de los casos en este país se garantiza la democracia procedimental, es decir los procesos electorales, y al interior de éstos, ni hablar de la compra y venta de voluntades políticas, del clientelismo y en muchas ocasiones a través del engaño respecto a los votantes directos, verdaderos "delegadores".

Esta democracia no está ni parece estar encaminada a construirse como democracia representativa; presenta todas las características de la democracia delegada. No ha mostrado progresos institucionales ni ha sido muy efectiva en el tratamiento de sus respectivas crisis sociales y económicas. 6 Es antagónica a cualquier aspiración de justicia social.

La democracia es una construcción social y política en la cual la sociedad civil tiene y debe cumplir un rol fundamental, no deviene por gracia del espíritu ni sólo de las urnas, lo cual suponía la inocente creencia de que el advenimiento y la reinstauración democrática por sí misma garantizaría la democracia social.

En Europa como en América Latina, después de los regímenes autoritarios advino el "desencanto", cuando las crisis económicas seguían presentes; los actores históricos relevantes que perseguían avances cualitativos en la democracia, eran debilitados; la ofensiva conservadora intacta; la acentuación de profundas desigualdades inter e intra clase y junto con ellas de relaciones sociales con acento autoritario. Sumado al "amargo descubrimiento de que parte de los líderes políticos que la democracia trajo consigo seguía teniendo, como antes, grave dificultad en distinguir el bien público de sus intereses privados" 7 El modelo cierra con valores salariales bajos o deprimidos en términos internacionales y en consecuencia con un proceso de exclusión continua que no sólo es económica sino también política.

O´DONNELL,GUILLERMO, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización , Paidós, Buenos Aires, 1997.

CAVAROZZI, MARCELO, (1996) El Capitalismo Político Tardío y sus Crisis en América Latina, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, Argentina.

Ibídem.

QUIROGA, HUGO, (2005) La Argentina en Emergencia Permanente, Ensayo Edhasa, Buenos Aires.

DAMILL, MARIO, La economía y la política económica: del viejo al nuevo endurecimiento, en SURIANO, JUAN (Director de tomo) Nueva Historia Argentina. Dictadura y democracia (1976-2001). Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005. Páginas 162-163.

O´DONNELL,GUILLERMO, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización , Paidós, Buenos Aires, 1997. Pg. 288 y 289.

O´DONNELL, GUILLERMO, Op. cit. Pg. 21