Transitando la segunda parte del año 2005 y en vísperas de las elecciones legislativas, queda claro que la cúpula de los empresarios de nuestro país están dispuestos a condicionar el rumbo del gobierno de Kirchner. Lo confirma las declaraciones de las distintas cámaras empresariales (UIA; SRA; CAC, etc) y su principal agrupamiento político denominado AEA (Asociación de Empresarios Argentinos) y, también, paralelamente pretenden hacer lo mismo, los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, dejando, todos ellos, traslucir que la Argentina no tiene un plan de mediano y largo plazo y que, los efectos de la devaluación y recomposición de los precios cumplió su ciclo y, se torna necesario adoptar medidas para resolver el problema de la crisis energética, el apuntalamiento de la inversión, el sinceramiento de las tarifas y, el tema de la deuda no reestructurada (los poseedores de títulos de deuda que no entraron en el canje del 25 de febrero pasado).

Esencialmente los empresarios y acreedores se preocupan por garantizar que los salarios solo crezcan (y a partir de ahora), por la productividad y, con obvias contradicciones entre el sector financiero y el sector comercial y productivo, que la tasa de interés sea compatible con el crecimiento de sus precios.

El gobierno nacional que observa el reposicionamiento de los nombrados, a su vez trata de acumular poder político para estar en condiciones de garantizar la gobernabilidad. Corroboración vital de lo que decimos es la puja en la Provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional es conciente que es la "madre de todas las batallas" dado que significa quedarse con el aparato partidario, conociendo como conoce que el que gana fija las reglas y disciplina al resto del peronismo.

El centro del problema es que por un lado tiene la cúpula empresaria y, por el otro, el gobierno. Un gobierno que no logra sustentar una alianza social y política que limite y discipline a los sectores más concentrados de la economía Argentina.

Esa alianza social y económica que sustente al gobierno, debe partir a su vez de una burguesía que invierta y genere producción y puestos de trabajo, con una visión de mediano y largo plazo, como es el caso de la burguesía brasileña o chilena, por dar dos ejemplos geográficamente cercanos.

Nuestra burguesía en general tiene una conducta mezquina y corto placista, limitada por tres factores objetivos: uno el bajo nivel de inversión que recién este año estaría por encima de la tasa de depreciación del capital 1 . Otra gran restricción es la fuerte y creciente extranjerización, donde tanto las privatizaciones como la compra directa de empresas extranjeras configuran nuevos actores en la cúpula dominante. Y por último, la fuerte concentración económica y el poco peso que tienen las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo de nuestro país, con lo que las decisiones no se democratizan y, el peso de las grandes empresas es determinante.

Por lo que dado estos actores, el gobierno se da como tarea fortalecer al Estado y homogeneizar por arriba al partido político que lo sustenta.

Pero, más allá de los graves problemas de organización y de capacitación del Estado, tenemos que tener en claro que fortalecer el Estado implica antes que nada definir un plan económico, un rumbo y a la vez, asegurar que el Estado le pueda cobrar impuestos a los sectores con manifiesta capacidad contributiva (y que una economía concentrada como la nuestra es fácilmente identificable) y que con esos recursos lleve adelante un plan de obra pública, un plan nacional de viviendas, y planes de apoyo a la inversión y a la producción generadores de empleo en el sector industrial, agropecuario y minero.

El Estado debería recomponer el tejido y la densidad productiva, recuperando los eslabones de la producción que hoy están ausentes y que requieren de una estrategia integral que va mucho mas allá del cierto equilibrio macroeconómico o, afincar el crecimiento en un tipo de cambio alto.

Por lo que se requiere de una estrategia de inversión, estrategias de intervención y decisiones acerca de cuál es el tipo de especialización que pueden hacer sustentables en el largo plazo en condiciones de crecimiento sostenido, a esta economía y a esta sociedad.

Por lo tanto, el Estado fortalecido debe orientar el funcionamiento de la economía Argentina hacia la producción de bienes de calidad, de bienes de mayor valor agregado y de bienes diferenciados hacia la producción de bienes con salarios altos. Salarios altos que le darían un dinamismo propio al mercado interno y que debe caracterizar nuestras exportaciones 2

El Estado tiene fuertes resortes para que las empresas cumplan con los acuerdos: desde la política impositiva, arancelaria, tipo de cambio, promocional, crediticia, etc. Todas ellas mancomunadas en el fin de que no solo aumenten la inversión, la producción y el empleo, sino que además lo hagan a precios internacionales.

Sin embargo, nos encontramos con que todo este tiempo y siempre preparándose para nuevas apropiaciones y sin importarle el impacto de sus medidas, la cúpula empresarial de nuestro país lo único que han hecho es recomponer su posición, obtener márgenes siderales de ganancia y, advertirle al gobierno que debe acordar con ellos.

Prueba evidente de lo que decimos es, simplemente observar la evolución de los precios desde la devaluación (1 de enero de 2002) a la fecha (31 de julio de 2005), midiéndolo punta contra punta:

El análisis sectorial de las ventas arroja un tipo de inserción en el proceso económico y productivo dependiente de los recursos naturales y del consumo de los sectores de altos ingresos de nuestro país. Así entre los sectores petrolero, acero y minería, la elaboración de alimentos y bebidas (donde tiene un papel dominante la elaboración de aceites y, la producción y comercialización de maíz, trigo, girasol y soja), la actividad comercial (donde son dominantes las cadenas de supermercado y lo shopping), la telefonía y comunicaciones en general y, la elaboración de productos e insumos químicos, representan en conjunto el 70% de las ventas del país.

En todos esos rubros son dos o tres empresas a lo sumo ( y, existen casos en que es solo una empresa) la/s que tiene/n el mayor porcentaje de producción y dominio del mercado y, por ende, capacidad para determinar precios. Es más, es sabido y cada tanto aparecen publicaciones denunciando los acuerdos comerciales (caso las cementeras que por ello fueron pasibles de multa) o, para entrar a determinado mercado se debe acordar con ellos (caso la telefonía e Internet).

Podemos sacar tres grandes conclusiones:

1) El precio al por mayor de los productos primarios fueron los que, midiéndolos punta contra punta, tienen un incremento mayor a la evolución del dólar:

1 U$s = $2,85.- incremento 185%

Quiere decir que los grandes empresarios que venden insumos estratégicos y que son los que conforman el precio al por mayor de los productos primarios, imponen valores -midiéndoles en dólares corrientes-, mayores que en la convertibilidad.

Y si vemos los precios mayoristas, los que más crecieron fueron en petróleo y gas ; metálicos básicos ( acero, siderúrgica ; etc); aparatos eléctricos; productos metálicos; químicos; papel y cartón; vehículos automotores; y cemento . Todos mercados que operan en condiciones cuasimonopólicas.

El impacto hacia adelante en la cadena de valor de los sobreprecios de insumos esenciales en la producción, explican el costo argentinos de esos insumos básicos (acero, energía, cemento, etc) en todo el aparato productivo (castigando a las empresas que necesariamente deben producir partiendo de alguno o algunos de esos insumos).

2) Las remuneraciones y sobre todo de los sectores menos favorecidos (ya sea porque no trabajan en la producción de bienes y servicios que se exportan y/o recompusieron precios) o porque trabajan en "negro" o, lo que es peor, son subocupados o desocupados, hace que sean los que más sufren el incremento de los precios que impacta de sobremanera sobre su capacidad de consumo, como lo demuestra el crecimiento -desde la devaluación-, en un 91,5% de la Canasta Básica de Alimentos determinado por el INDEC, con lo que los indigentes son los más castigados por la política de precios.

3) la diferencia en el incremento, punta contra punta, de los precios mayoristas y minoristas, demuestran que existen márgenes para que los precios al consumidor sigan creciendo y, si no lo hacen es por los niveles adquisitivos del grueso de la población.

LOS FORMADORES DE PRECIOS:

Las grandes empresas formadoras de precios, aprovechan posibles incrementos en las remuneraciones, para incrementan los mismos en forma más que proporcional, no solo para absorber ellas ese plus, sino porque pretenden perpetuar el modelo que le da ingentes beneficios, sin importarle el resto de la población.

Es más, lo emplean como ardid, tal es el caso de agosto 2005 en los grandes molinos harineros, la confabulación con la burocracia sindical y como resultado la presión a la suba del valor del pan. O, como es la presión que hace la Empresa Suez, dueña de Aguas Argentinas SA para incumplir con las inversiones comprometidas y, a la vez, aumentar las tarifas de tan vital elemento.

Las grandes empresas con la amenaza de desatar un crecimiento sostenido de los precios (inflación), cumplen tres objetivos:

•  Que los salarios sigan congelados en términos reales (si aumentan nominalmente, que es lo que hace el decreto gubernamental) ellos aumentan sus precios;

•  Proponen limitar el crecimiento de la cantidad de dinero, así el resto de la población no tiene crédito para comprar hoy y pagar en el futuro (ellos si porque tienen fuertes ganancias y dinero en el exterior);

•  Mantener la paridad cambiaria en términos reales, para conservar el alto poder adquisitivo que obtienen con los dólares de sus exportaciones y los que traen del exterior. (Y además porque el sector de altos ingresos obtiene ingresos positivos medidos en dólares o en precios)

Por supuesto que esos objetivos se enfrentan con los de los acreedores del exterior, que pretenden reducir en términos reales el valor del dólar para que el Estado con su superávit fiscal compre más divisas y le pague más en efectivo de la deuda y, a su vez ajustar las tarifas de los servicios públicos privatizados, mayoritariamente en poder de empresas de los países mayoritariamente aportantes, pero esa contradicción que se acordó en la década pasada con las privatizaciones, puede zanjarse con nuevos acuerdos.

Solamente fortaleciendo el Estado y satisfaciendo las demandas insatisfechas de los diversos sectores sociales por una mejora en la distribución del ingreso se puede considerar que el crecimiento de la economía del ultimo periodo puede revertir en una salida de la crisis de mas largo plazo que fortalezca el mercado interno y la inserción internacional de la Argentina.

Tengamos en cuenta que las grandes empresas no son las que más invierten, es más el Estudio de Miguel Ángel Broda supone que en realidad, la inversión de las grandes empresas ha descendido en 2 puntos del PBI (más de U$s 3.000 Millones) con respecto a la década pasada.

Los países desarrollados exportan por no menos de U$s 2.000 -dólares dos mil- per capita, la Argentina lo hace por menos de U$s 900 - dólares novecientos- por habitante.