Si hay postulaciones sobre los efectos de la política cambiaria que tienen un consenso casi unánime entre los economistas es la que sostiene que hay una relación inversa entre el tipo de cambio y el ingreso salarial. Durante décadas las devaluaciones han sido recomendadas como medio de ajuste para buscar el equilibrio macroeconómico.

En el caso de una fuerte devaluación se genera un marcado aumento de precios que sigue en buena parte al aumento del tipo de cambio, aunque en forma despareja.

De estos precios que se reacomodan, los salarios -el costo laboral- son los que quedan mas retrasados. A partir de allí, la política de intervención a favor de un dólar alto sostiene y aumenta la diferencia entre los nuevos precios y los salarios que no alcanzan a recuperarse.

Esto es lo que ocurrió en nuestro país luego de la crisis del 2001.

Después de varios años de devaluación, los trabajadores siguen con una caída de su poder adquisitivo de entre el 20% y cerca del 100% según el tipo de empleo, formal o informal, o el sector o subsector productivo que genera el empleo.

Si bien algunos jornales recuperaron gran parte del retraso, tal el caso de la industria automotriz, la mayoría como gran parte de jubilados, de empleados públicos, trabajadores de distintos servicios y desocupados asistidos por planes, se encuentran en el otro extremo, con ingresos cada vez mas deteriorados por una política económica que ha llevado el índice de aumento anual de los precios minoristas a dos dígitos.

No se trata solamente de la mayor o menor efectividad del gobierno en frenar los precios, mediante acuerdos o controles de última hora. Mas allá de esto, una inflación del 12 % para 2006 ya fue incorporada por Elisa Micelli. y antes a valores muy cercanos por Roberto Lavagna.

Ambos son de la creencia -en este caso ochentista - que un índice de inflación entre el 12 y el 18% es soportable para un país de desarrollo medio como el nuestro.

Es cierto que en una economía con alto crecimiento, fuerte superávit fiscal y balanza comercial marcadamente positiva muchas cosas son posibles. Pero sepamos también que vamos a un modelo de crecimiento con alta concentración y salarios reales bajos.

Si consideramos que de pronto duplicamos la inflación del año anterior y vamos hacia índices mas altos, es fácil ver el camino que estamos siguiendo.

Tengamos también en cuenta que el incremento mayor de 2005 se dará en los alimentos, que sobrepasarán el 15%, con total incidencia en las familias pobres con niños.

Este incremento sostenido de los precios, que aún no todos estiman como un proceso inflacionario, no alcanza a explicarse por la insuficiencia de oferta o por el exceso de demanda. Tampoco por el acomodamiento de precios relativos de la devaluación de 2002.

El factor comprensivo del crecimiento de los precios es la política de intervención del Banco Central para el sostenimiento del dólar en torno a los tres pesos. Esta fijación de la divisa, al no permitir un punto de equilibrio en un dólar aproximado al conjunto de los precios de mercado, que seguramente sería mas barato, impulsa a los precios a la suba, hasta que la divisa tenga su punto de equilibrio en relación al resto de los precios.

Ahora supongamos que se hubiera elegido una situación intermedia entre la nuestra y las de Brasil o demás países de la región, donde se dejaron flotar limpiamente el valor dólar. Fluctuando por un tiempo, el precio de la divisa hubiera bajado, digamos por ejemplo, a $2,40. Los precios hubieran tenido un valor de equilibrio menor, aún suponiendo que otras variables, como las tasas de interés, se mantuvieran igual.

¿Y que hubiese ocurrido con los sectores? Los ingresos de los agroexportadores, con retenciones altas, se podían compensar con una rebaja de las mismas. En cambio, otros sectores, como la siderurgia, habrían sufrido una reducción de sus superganancias.

Los sectores exportadores en general hubieran tenido que invertir mas para hacerse mas competitivos. Pero tendrían la ventaja de tener insumos importados mas baratos, produciendo un efecto neutro en algunas industrias, como la automotriz. Además,

se hubiera facilitado la actualización del equipamiento de bienes de capital en toda la industria en general. Por el contrario, el gobierno prefirió hacerse de dólares caros y de recursos por vía de grandes retenciones, las que hubieran tenido que eliminar o reducir en su mayor parte.

Se entiende entonces que el gobierno llenó sus arcas de manera fácil, evitando de este modo realizar una reforma fiscal profunda, genuina y equitativa.

En este contexto, el pago anticipado y total al FMI tiene como consecuencia reforzar el modelo de dólar alto, inflación y, consecuentemente, bajos y depreciados salarios.

A esta altura cabe preguntarse si los sucesivos gobiernos democráticos de nuestro país han estado siguiendo en todo momento las recetas de ese organismo.

En 2001, se incorporaba al FMI el representante de Estados Unidos designado por W.Bush, la eximia profesora de Stanford University Ann Krueger. A partir de entonces se perfiló una nueva política para el Fondo.

La misma reforzaría la relación directa con el G7 y buscaría desprenderse de su calidad de prestamista con respecto a los países del 3er. Mundo, reservándola a los países centrales.

Esto se definiría, por un lado, condonando deudas de los países muy pobres y por otro iniciando una lista de recomendaciones para los países mas desarrollados del conjunto.

En primer lugar, un cambio de actitud frente a pasados y futuros defaults de la deuda hacia acreedores privados, en bonos originados a partir del Plan Brady y sus renovaciones.

Luego, donde fuera necesario, una importante devaluación de sus monedas, a efectos de mejorar su relación de balanza comercial. Finalmente, la cancelación de pagos al FMI, sin excepciones y cerrando los saldos de los últimos países deudores hacia el 2006. En esta línea se inscriben Rusia, Brasil, Nigeria, Argentina, Turquía, Indonesia, entre los mas notorios. De ellos, los tres primeros han saldado a la fecha la totalidad de sus deudas y ahora se agrega Argentina.

Incluso la forma de pago fue señalada en nuestro caso. En julio pasado el staff del FMI recomendaba que Argentina debía considerar la posibilidad de saldar la deuda con sus propias reservas en el Banco Central, exactamente lo que se hizo para esta cancelación.

Tal vez es conveniente puntualizar que de los países señalados, Argentina fue el que pagó con mayor proporción de sus reservas y por el mayor monto en comparación con su PBI, el 34 % de sus reservas y el 2% de su PBI. En todo caso, el mejor alumno.

Pero la propuesta de este artículo no es tanto considerar los efectos inmediatos o mediatos de la medida, lo cual puede tener distintas respuestas, todas posibles, sino destacar que este pago al FMI refuerza la tendencia inflacionaria, sobre todo desde el hecho de su inoportunidad frente a la situación macroeconómica actual -dólar alto e inflación del 11% en avance, mientras, por caso, Brasil tiene dólar bajo e inflación del 5,5% en retroceso-.

Tratándose de una alteración institucional que produce para el Banco Central un cambio de un tercio de sus reservas líquidas por bonos emitidos por el Tesoro Nacional, la parcial recomposición de su posición en divisas dependerá en buena medida de nuevas compras que sostendrán una tendencia alcista del dólar que como vimos ayuda al proceso inflacionario.

Los límites en los que se manejará en el futuro el Banco Central variarán permanentemente, ya que las llamadas "reservas de libre disponibilidad" dependerán obviamente de la M 1 pero también de la cotización de la divisa. Es difícil saber cómo se moverán las variables en juego, pero se puede asegurar que las nuevas reglas ayudarán a la secuencia alcista y los perdedores serán los ingresos salariales.

Por último, si la idea es seguir pagando tenemos toda una constelación de acreedores a quien satisfacer: bonistas europeos y japoneses fuera del canje (20.000 millones) el Club de París (5.000 millones), el préstamo del Rey de España (1.000 millones), el BID y el Banco Mundial, los cuales se mueven en base al monitoreo que el FMI hace y seguirá haciendo de nuestra economía, como en general ocurre con todas las financiaciones provienen del G7.

La política económica que conduce a los bajos salarios como base del nuevo modelo se completa con el consecuente control del gasto - bajos sueldos en la administración pública, continuación del congelamiento de las jubilaciones por encima de los mínimos, suspensión de obra pública- Una muestra de esta orientación y al mismo tiempo consecuencia del mega pago, es el destino de los 6.000 millones de pesos que estaban presupuestados para vencimientos del FMI en 2006: Ahora serán destinados a un fondo anticíclico que hasta ahora no aparecía tan necesario.

Puede que el gobierno intente atenuar los efectos de esta política, sobre todo en caso de tensiones sociales, pero como es de estilo, esto dependerá de una decisión presidencial de último momento.