Introducción.
En el momento actual el tema de la cuestión nacional toma relevancia a partir de las dificultades que los proyectos económicos y políticos tienen para desarrollarse y tener vigencia.
La Argentina se encuentra en un momento de la globalización con un escenario local e internacional en donde las posibilidades de una autonomía relativa de un proyecto nacional están cuestionadas.
La situación de los últimos cinco anos puede definirse como de crisis tanto en el sistema político como en el económico. Crisis que tuvo su momento máximo en diciembre de 2001 y enero de 2002, pero cuya gestación proviene de finales de 1998, y su evolución posterior al punto de inflexión llega hasta la actualidad.
Es tradicional plantear que las crisis son momentos de destrucción y a la vez oportunidades para constituir nuevos conceptos rectores o paradigmas para una nueva forma de uso del poder en la sociedad.
Para que esto ocurra la puesta en cuestionamiento del sistema debe ser muy profunda y la desorganización del tejido social de características inusitadas, para permitir la expresión de formas alternativas de funcionamiento económico y social.
Definir el proceso constitutivo de la crisis y las condiciones de producción en el momento de depresión del ciclo económico y del ciclo político son caracterizaciones determinantes para poder tener elementos de prospectiva adecuados. En el clímax de la depresión los errores políticos pueden transformar el momento coyuntural en una crisis crónica.
Estas definiciones de corto plazo tienen que estar inscriptas en la historia y las formas culturales de la sociedad Argentina. La constitución de los mitos y del imaginario colectivo son raíces de la identidad nacional que no se pueden soslayar. Al mismo tiempo, es necesario tener una clara descripción de la evolución del sistema de producción, distribución y consumo, sistema que tiene un papel estructural en la formalización de las relaciones económicas.
En los hechos fácticos se encuentran las interrelaciones entre la subjetividad del sujeto histórico nacional y la objetividad del mercado económico. La racionalidad de la evolución de las medidas económicas y políticas tienen entonces que tener una cierta correspondencia para que la distancia entre el ciclo económico y el político permitan estructurar un proyecto común al conjunto o a la mayoría de la sociedad.
Caracterización de la crisis en Argentina.
Durante el tercer trimestre de 1998 se comenzó a notar la retracción del ritmo de crecimiento de la productividad en la industria. Esto se expreso después de una modificación muy fuerte en el equipo de capital instalado entre comienzos del 96 y durante el 97 y 98. La reconversión del sistema de producción y de servicios, fue continua a partir de la salida del efecto recesivo del tequila en finales del 94 y que se mantuvo con vigencia hasta el 96. La salida de esta situación aprovecha una presión a la baja del salario, motivada por el incremento de la desocupación en el 95 y 96, así como por una predominancia de las importaciones de maquinarias y de bienes intermedios favorecidas por el tipo de cambio de la convertibilidad.
La posterior evolución del producto con un crecimiento sostenido, y la fuerte modificación de la productividad del 98, que asemejo a los saltos más importantes ocurridos en la historia económica del país en 1948-49, y en 58-59 mostraron una reestructuración importante del sistema productivo, con alto grado de concentración del capital dentro de una ampliación cuantitativa de la producción y del mercado.
Sin embargo la vigencia de la restricción financiera, manifestada por el chaleco de fuerza que significo la convertibilidad, llevaba indefectiblemente a una crisis del sistema financiero, con las secuelas en el crédito y en la sustentabilidad de la rentabilidad del sector empresarial, con porcentajes de endeudamiento elevados y sin capacidad de acumulación para saldar sus pasivos.
Las dificultades financieras privadas fueron las primeras en manifestarse, incrementando el número de convocatorias y quiebras. Las ultimas privatizaciones de los remanentes accionarios en las antiguas empresas del Estado, como el caso de YPF, permitieron salvar los compromisos del 98-99 de la deuda externa.
La salida política y económica del 2000 significa una agudización de la recesion y una demostración de la imprevisibilidad de la elite política para dar una respuesta adecuada a los indicadores de recesion y estabilidad económica no sustentable. Los reclamos por el déficit publico y por la carencia de rentabilidad empresarial, agudizaron los reflejos precautorios de la inversión privada, que acompaño a la retracción de la inversión publica.
La consecuencia inmediata se manifestó en la deflación con retracción de la inversión productiva y achicamiento de la demanda potencial. El chaleco de fuerza de la convertibilidad se transformo en un estrangulamiento concreto por la carencia de recursos genuinos para afrontar el endeudamiento externo. La búsqueda de recomposición de la forma del compromiso internacional mediante el blindaje y el megacanje, no fueron mas que manifestaciones de la agudización de la crisis. El corralito financiero y la fuga de capitales líquidos pusieron el punto final a una situación insostenible.
La crisis política acompaña esta situación económica. La clase dirigente quedo atrapada entre el síndrome de la hiperinflación, que la llevaba al suicidio político, y la carencia de gobernabilidad producto del autismo y la inoperancia del gobierno.
Diciembre el 2001 fue la expresión de la ruptura del compromiso político del pueblo con las instituciones, produciendo la primer interrupción del contrato social entre representantes y representados, convirtiéndose en la crisis mas sustantiva del proceso democrático nacional, desde 1983 a nuestros días.
La posterior imposibilidad de formalizar un gobierno estable, y a posteriori la salida abrupta de la convertibilidad con la pesificacion asimétrica, fueron manifestaciones de la dificultad de la elite dirigente de transformarse en clase política y poder asumir la responsabilidad de una representación institucional.
La vigencia de las expresiones precautorias de la sociedad civil, y la madurez política del pueblo, permitieron soportar la continuidad de errores políticos de la partidocracia, y permanecer dentro del sistema democrático. La conformación de un gobierno de transición y la lenta recuperación económica, redujeron las secuelas del fracaso del modelo de reproducción y generaron nuevas formas de relacionamiento político y social.
Por una parte se propago la pobreza y la indigencia, acompañadas por falta de empleo productivo en un porcentaje cercano al 40% de la población.
Esta situación inédita en la historia del país, solo es comparable con la situación de la crisis de los anos 30, que se prolongo entre el 30 y el 33 en lo relativo al empleo y la producción, y produjo el golpe de Estado que derroco al gobierno constitucional de la época.
En 2002, nos encontramos con una suspensión y cesación del pago de la deuda externa, con una población fragmentada en lo político y social, y con un Estado casi sin representatividad institucional.
La mediación del Parlamento, y el sostén de las organizaciones sociales con un cierto grado de representatividad como la iglesia, los sindicatos y el grupo de empresarios mas favorecidos por la cancelación de una parte importante de sus pasivos, gracias a la pesificacion asimétrica, permitieron superar el momento más álgido de la crisis.
A partir del 2002 comienza la búsqueda de consolidar una salida política de la crisis, junto con una recuperación económica.
La coyuntura política exigía una revalorización de la conducción del Estado y una nueva propuesta de proyecto social. Las alianzas de clase o de sectores de clase del periodo previo ya no eran constitutivas de una posibilidad de contención de la sociedad civil.
La falta de representatividad y de reconocimiento social, hizo caducar las propuestas de una revalorización de la conducción sostenida por los sectores representativos de la elite dirigencial liberal, junto a los sectores de más bajos ingresos. Esa formalización del poder del 90 quedo postergada en la acción y menospreciada en el discurso, sin una real critica sobre su impacto en el imaginario colectivo y en la forma de contención económica y social.
El interregno del 2000 al 2002, quedo subsumido en la búsqueda de un nuevo paradigma, como un periodo sin historia, negado en la memoria colectiva del imaginario, como carente de contenido y significación. Una especie de no-lugar en la gobernabilidad del sujeto nacional.
Esto no significa que no existió, pero sus rasgos constitutivos no llegaron a formalizar una forma de poder inclusivo de sectores de clase representativos, siendo entonces un mero transformismo de los 90, sin contenido de cambio o de ruptura, pero también carente de continuidad con el modelo pretérito.
El 2002 genera entonces la necesidad de una salida para la crisis, que se puede definir como orgánica, siempre que las condiciones de la misma y su forma de resolución impliquen un cambio real y no una mera mutación en la elite dirigente nacional.
En caso de que la crisis no se defina como orgánica, sino como una mera transición en la forma del uso del poder, por una falta relativa de correspondencia entre el ciclo económico y el ciclo político, la dificultad para encontrar un nuevo paradigma es mucho mayor.
La renovación de la clase dirigente, ya no seria una condición para la contención social sino que la mutación de los cuadros de la elite gobernante se transforma en un paliativo para garantizar la continuidad de la gobernabilidad sin cambios profundos en la gestión institucional y en la regulación del conflicto social.
Una modificación profunda en la clase dirigente y en las condiciones de reproducción económica tiene que ser la consecuencia de una conducción política adecuada para que la crisis orgánica exprese en su salida una coherencia de objetivos y un proyecto común a la mayoría del pueblo.
Conducción política y acumulación capitalista.
La forma de conducción política para salir de la crisis, pasó por una transición electoral en la que se reconstituyo la mediación entre pueblo y poder, recomponiendo primero la función parlamentaria, y luego la forma electoral con representación de los partidos políticos.
Esto permitió expresar a los distintos sectores de clase que aceptaban el arco político tradicional a incorporarse a la salida institucional, quedando fuera de la competencia pocos segmentos políticos. La falta de una verdadera renovación de la dirigencia generó una salida política cuantitativamente débil, que obligaba a una recomposición de la elite dirigente en cuanto propuestas coyunturales y actitudes de reconocimiento de las expresiones de la sociedad civil más cercanas al humor subjetivo, la opinión pública.
La fragmentación de la clase dirigente, la segmentación del poder de representación, obliga a un reconocimiento de la opinión pública como forma coyuntural de poner en práctica el sentido común y un imaginario colectivo más inclusivo.
El conflicto social aparece entonces en toda su madurez, pero con una contención propia del contexto antropológico cultural de la génesis del poder en el proceso de madurez capitalista en Argentina.
El núcleo duro de la conducción política pasa a quedar constituido dentro del movimiento peronista y en las organizaciones del pueblo que tienen mayor capacidad de mediación entre el folklore irracional del "que se vallan todos" y una dirigencia corporativa sin renovación y carente de creatividad.
La iglesia y los organismos no gubernamentales más cercanos a las necesidades sociales, sirvieron como elementos de contención, junto a las nuevas expresiones del descontento social, como los piqueteros, manzaneras, organizaciones de derechos humanos, expresiones cívicas por la seguridad, etc., que permitieron recrear en la masa una voluntad de reconocimiento político.
Estas expresiones ayudaron a la salida pacífica o menos violenta de la crisis orgánica en lo político institucional, sin que por lo tanto esto signifique una solución estable del compromiso de la masa con una respuesta institucional democrática.
En las relaciones económicas, el uso positivo del default, en el sentido de frenar el drenaje de la deuda externa, durante el 2002 y 2003, permitió una disminución de la presión de la restricción financiera. Esto se acompaño por la salida de la convertibilidad, que si bien fue irracional y falta de contenido jurídico y económico sustentable, permitió terminar abruptamente con el chaleco de fuerza del tipo de cambio.
La recomposición de los pasivos del sector financiero local y del empresariado más concentrado, facilita la búsqueda de un proceso sustitutivo de importaciones. Importaciones que disminuyeron en su comienzo de manera considerable, por la dimensión de la capacidad ociosa industrial y por las condiciones favorables del comercio internacional para los productos agroindustriales locales.
La ampliación de la demanda internacional produjo recursos en liquidez y posibilito una mejora significativa de producciones regionales vinculadas al mercado externo. Retenciones y reducciones del gasto público favorecieron un vínculo menos conflictivo entre el funcionamiento del Estado y la sociedad civil. La recaudación fiscal redujo el impacto de una constante exacción mal utilizada por el Gobierno, para comenzar a representar una incipiente redistribución al sostén de un tipo de cambio favorable a la rentabilidad empresarial.
Sin embargo el gran dilema es la forma de inversión y de crecimiento. La expansión productiva y la renta diferencial del sector empresarial, no se obtienen solamente de la situación internacional favorable para en los precios de las commodities, sino que tiene su base de sustento más significativa en el deterioro del salario real, en las condiciones de explotación del trabajador, y en el retraso de las tarifas de los servicios públicos.
Esta elección de medidas económicas de sostén al crecimiento con una lenta recuperación de las formas de intervención estatal en la orientación de la inversión productiva y financiera es la expresión de las propuestas de salida de la crisis.
La carencia de una proyección de largo plazo, tiene que ver con la aceptación de las nuevas reglas que las instituciones financieras multilaterales de crédito, a saber F.M.I., Banco Mundial y B.I.D., en el caso de los países de América Latina, llevan a tener que disminuir la exposición de estos organismos en los países emergentes. Reducir el compromiso en capital e intereses con estos organismos es prioritario para poder reincorporarse al sistema de crédito internacional.
Esto lleva a una constante búsqueda de recursos genuinos y a una nueva forma de restricción financiera, con un incremento del endeudamiento de manera diversa al que se manifestó en los 90. La diferencia de tasas de interés del nuevo endeudamiento y el cumplimiento del mismo son las condiciones sine que non para poder recomponer el vinculo con el sistema internacional.
Mientras esto ocurre, la elección de técnicas en el proceso de inversión, mantiene el interrogante de la forma de acumulación en esta etapa de la globalización, quedando cada vez mas restringida la posibilidad de seguir un sendero de alta productividad con reindustrialización inclusiva de desocupación.
Las modificaciones en el sistema productivo con este criterio solo se pueden dar con un diferencial salarial significativo en el ámbito internacional, o con recursos naturales de fácil acceso y eficiente rentabilidad para un veloz retorno del capital. Ej. Minería, cereales, carnes, productos regionales, papel, etc..
Esta primarizacion, mantiene el patrón de reproducción de los 90, aunque con una fragmentación social acorde con la contención política del 2000.
Este escenario actual de la forma de acumulación, lleva implícita la discusión de la correspondencia con la conducción política.
El dilema que enfrento en su momento el gobierno fue instalar una transición, que tuviera una elite dirigente con capacidad de gobernar a diversos sectores sociales, con bajo nivel de conflictividad.
El éxito del 2003, 2004, fue orientar la opinión publica a la aceptación de las condiciones de la crisis, con un grado de sumisión a los requerimientos del proceso de acumulación del capital, y una resignación a las propuestas coyunturales de orientación distractivas del contenido de clase más inclusivo.
La dificultad para formalizar una nueva alianza de sectores de clase y poder corresponder en el imaginario colectivo un nuevo paradigma de crecimiento social, convalida una permanencia en la crisis de representatividad.
Esto obliga a una búsqueda de una solución hegemónica, de corte cesarista para poder consolidar un poder político más inclusivo.
En esta recomposición del poder, es significativa la carencia de contenido sustantivo en la forma de gestión de la política. La conducción unipersonal, produce una receptividad segmentada, cuya convocatoria obliga a una cohesión autoritaria de las consignas de direccionalidad política.
Las organizaciones libres del pueblo, se expresan de forma relativa, ya que en la transición del 2001 hasta la actualidad no han podido consolidar una representación valida de la sociedad civil, y han perdido autonomía y libertad por carencia de una inserción real en el conflicto social.
La división y la fragmentación de estas expresiones llevan a que la constitución de una ideología sustantiva, que signifique un paradigma de Nación, no logra cristalizar.
Los partidos políticos y la dirigencia social, aparecen entonces proclives a identificarse con el poder, sin poder influir realmente en la direccionalidad política.
Ante esta situación la gobernabilidad reclama una hegemonía política que pueda estructurar un movimiento de masas y formalizar una gestión institucional abarcativa de la fragmentación producto de la crisis.
Esta hegemonía puede sostener el conflicto social dentro de las pautas de un autoritarismo democrático, que controle la opinión pública mediante la infantilización de las expresiones de clase y la incoherencia de los proyectos de ruptura con el viejo sistema de contención.
Pero la salida del proceso de coyuntura electoral, exige una respuesta más revolucionaria, en el sistema de relaciones económicas, es decir en el mercado capitalista, en cuanto a la recomposición de la inversión productiva, la elección de técnicas, y la revalorización del salario. Para poder consolidar una económica capitalista madura que pueda competir en el mercado internacional y ampliar su demanda efectiva local.
La correspondencia con este ciclo económico en expansión, tiene que ser una gobernabilidad más institucional.
La restricción financiera tiene que pasar a ser gestionada en función del conflicto social interno, para lo cual la orientación y conducción política no pueden equivocar los objetivos más significativos.
El autoritarismo del control tiene que ser sustituido por una inclusión de sectores desplazados de la sociedad. La madurez de la conciencia social, no puede ser contenida por los síndromes de la hiperinflación y de los temores a la represión social. Es imprescindible avanzar en una dirección en la que la hegemonía de la política se oriente hacia una representación de lo social en donde se amplié la base de sustentación ideológica y política.
El sentimiento de las clases populares, mantiene el folklore propio de la mitología pseudo irracional que aparece en los líderes carismáticos propios a la historia de la conciencia de clase en Argentina. Los lideres nacionales dejaron como reflejo constitutivo del ser nacional una cultura que avanzó desde ese sentimiento irracional, hacia un núcleo duro de la conciencia de clase, expresada en la combatividad racional del movimiento obrero y en una clase media esquiva a asumir su papel en la conflictividad social pero determinante en los momentos claves de resolución de conflictos.
Para obtener esta consolidación de una hegemonía no autoritaria hace falta expresar una conducción que reconozca los mitos históricos, la expresión cultural de su imaginario, y el grado de conciencia. Las organizaciones libres del pueblo, la autonomía de la sociedad civil tiene que poder asumir la situación de crisis y participar de los canales de expresión del poder.
El no-reconocimiento de esta forma de constitución de una hegemonía democrática, puede llevar a profundizar el carácter orgánico y permanente de la crisis política, llevando a que la coyuntura incorpore de mas en mas formas irracionales de resolución de conflictos, en donde el autoritarismo incipiente puede llegar a ser empujado por formas para-institucionales a un totalitarismo en la gestión de la masa.
El pasaje de las formas semi-feudales de gestión de los Estados subnacionales, a sociedades más democráticas en la globalización, tiene también un lugar a destacar en lo que se refiere al espacio de cristalización de una hegemonía más representativa en nuestra coyuntura nacional.
Las regiones tienen formas de representatividad mas orientadas a una mediatización semi-feudales propias de la manera de integración de los sectores corporativos en el proceso de acumulación capitalista.
Para sacar de esas situaciones políticas a las provincias y municipios, es necesario consolidar un proyecto nacional en el núcleo duro espacial de la expresión política actual en Argentina.
El gran Buenos Aires, del primer al tercer cordón industrial, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son el lugar en el que el conflicto por una hegemonía política y por la direccionalidad de la gestión de gobierno tiene que dirimir el uso del poder.
Para ello es necesaria una mayor inclusión de los sectores políticos reales. La evolución y cambio de las expresiones irracionales del sentimiento de la masa, de su folklore, de su imaginario histórico, a expresiones de un pueblo conciente y conocedor de su voluntad y cultura tiene que ser el objetivo sustantivo del proyecto de gobierno y del uso revolucionario del poder.
Dejar hacer y dejar pasar los errores de gestión y las carencias de propuestas de acción y resolución de conflictos, lleva indefectiblemente al temor de la dirigencia para afrontar la crisis, e indefectiblemente al autoritarismo totalitario.
Revertir esta tendencia y avanzar en la cristalización de una hegemonía positiva son las pautas direccionales para que el pueblo se reconozca en el poder. No se resuelve solamente con una coyuntura de opinión pública favorable, o con una elección positiva, la definición de un posicionamiento político en lo popular y en lo social, sin el respaldo consecuente y de largo plazo necesario para una nueva constitución de un poder orgánico, superador de la crisis y capaz de representar a la sociedad en la globalización.
