La decisión oficial de prohibir el funcionamiento de la empresa Fibertel como prestadora del servicio de conexión a internet, abre la posibilidad y la necesidad de analizar el problema de fondo: ¿de quién es internet?, ¿quién manda allí?, ¿cómo se administra?
Por lo general los usuarios finales imaginan que todo se limita a pagar el abono y ¡ya está! ¡Estamos adentro! Pero las cosas no son tan simples. El mundo de la web o de la nube - en el cual nos creemos conectados a casi todo - también es el universo de las regulaciones, los códigos, la tecnología, los intereses, los negocios, la información, los derechos, las obligaciones y el poder.
Telecomunicaciones
La telecomunicación comenzó a principios de 1800 con el telégrafo. A continuación vinieron el télex, el teléfono, la radio y la televisión. Después apareció el modem, que permitió nuevas conectividades. Se desarrollaron las redes digitales y explotó internet, ahora con la combinación de dispositivos por diferente tipo de cables y/o inalámbricos.
A mediados de los años ’20, los investigadores y los principales estados del mundo comprendieron que se estaba desarrollando un ambiente aparentemente ilimitado y conflictivo. Se realizaron congresos y reuniones para definir cuestiones técnicas y políticas. En septiembre de 1932 se concretó en Madrid el Tercer Congreso de la Unión Radiotelegráfica Internacional (U.R.I.) y allí se definió que “telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos". De eso estamos hablando...
Ahora bien: todos quienes leen estas líneas están conectados. Para llegar hasta acá fue necesario que su PC doméstica, por ejemplo, se conectara con el “servidor” donde está instalado este texto. Hay millones de dispositivos conectándose en este momento a millones de servidores. Un descomunal universo de conexiones por el cual circulan miles de millones de “paquetes de información”, a través de millones de kilómetros de cables, o de millones de conexiones inalámbricas, que usan millones de aplicaciones, programas, sistemas, ecuaciones, protocolos... y todo esto ¡funciona! Y lo que es peor, funciona bastante bien...
Salvo la naturaleza, nada semejante puede funcionar solo. Es necesario que alguien invierta mucho dinero y que alguien lo administre, entre otras cosas.
No existe una autoridad superior. Pero tampoco es el reino de la anarquía. Hay una cantidad de organismos estatales, privados y mixtos que regulan este mundo.
La más conocida es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que queda en www.icann.org y administra los nombres de dominio, entre otras cosas.
El Internet Architecture Board (www.iab.org ) decide cuáles son los estándares de comunicación adecuados para que puedan relacionarse aparatos de diferentes fabricantes. El llamado Internet Ingineering Task Force (www.ieft.org) es un foro en el cual se debaten problemas prácticos, pero es el espacio donde se plantean los principales problemas y donde se ofrecen las mejores soluciones.
El World Wide Web Consortium es la referencia aceptada para definir los protocolos comunes a toda la Web, mientras que la Internet Society tiene gran autoridad intelectual pese a que sólo es una reunión de notables que aconseja acerca de cómo conviene administrar y desarrollar la web. (Ver en www.wc3.org y en www.isoc.org )
Estos cinco organismos son los referentes obligados (no obstante, el ente de regulación de las telecomunicaciones norteamericano o la Suprema Corte de ese USA pueden tomar decisiones que afectan al planeta entero).
También funcionan organismos que administran los nombres en la red. Son los NIC (Network Information Centers), con representaciones en la mayoría de los países (en nuestro país administra las direcciones terminadas en “.ar” y depende de la Cancillería). El que corresponde a la dirección www.internic.net regula los dominios “.com”, “.net”, “.edu”, “.tv” y “.org” – que son los más populares.
Pero acá no termina el problema. Porque cada computadora o afín que se conecta es como un aparato telefónico. Necesita un número que la identifique. En el caso de las PCs y cosas parecidas, a esto se lo llama “dirección IP”.
La computadora en la cual se lee este texto tiene “IP”. Es el “número” que la identifica. Hay organismos que administran la asignación de estos billones de “identidades” a través de los llamados RIRs (Regional Internet Registries) que atienden diferentes regiones del planeta.
Los jugadores
Simplificando un poco, podemos decir que faltan tres jugadores. Los proveedores del servicio de conexión (las empresas dueñas de las redes, como Fibertel o Speedy). El núcleo de su negocio consiste en cobrar una tarifa por la conexión. Los proveedores de contenidos (las empresas que ofrecen sus servicios en la red, como Google, New York Times o Mercado Libre). El núcleo de este negocio suele ser la publicidad. Y por fin, los usuarios. Y hay un cuarto jugador, del cual se habla poco, que son los estados nacionales.
Las relaciones entre estos jugadores tienden a ser cada día más conflictivas. Sobre todo debido a que se trata de relaciones sistémicas. Si de una manera tenemos la web (o nube), de otra tenemos el sistema integrado por “empresas de conectividad+empresas de contenidos+Estado+usuarios”. Como en todo sistema, si se tironea un poco de cualquiera de sus hilos, se afecta al conjunto.
Durante los primeros años la web creció al ritmo de los grandes negocios librados a sí mismos. A pesar de la crisis de las empresas “.com”, las empresas de conectividad y las de contenidos mantuvieron buenas relaciones debido, sencillamente, a que ambas ganaban extraordinarias fortunas gracias a la universalización del sistema. Sus relaciones con los estados nacionales también eran armónicas, como suele pasar cuando explotan grandes corporaciones. Los usuarios, por su parte, estaban satisfechos porque creían que habían ingresado a la democracia de la información. Pero hace unos años empezaron los problemas.
La invención de la imprenta de tipos móviles generó una nueva era en términos del manejo de la información y el conocimiento. El libro, los diarios, las revistas, los volantes, etc, es decir, la lectura como posibilidad universalizada, modificó algunos aspectos de la organización del poder. El desarrollo de las telecomunicaciones introdujo una variante significativa en esa dinámica. Y ahora, con el desarrollo de internet, el poder de la lectura y el poder de la comunicación en general, se encuentra frente a otra etapa. Decimos “lectura” porque la actividad principal de los usuarios de internet es “escribir/leer”.
Así las cosas, los debates actuales no son sólo cuestiones de negocios sino, también, cuestiones de poder.
Tecnología y poder
El debate no es tecnológico – como suele creerse – sino estratégico. Está en debate quién controla o controlará la web. O sea, quién manda. Quién es o quién será el jefe. Esta puja de poder se desarrolla entre las empresas de conectividad y las de contenidos – en algunos casos con la intervención de los estados y/o de organismos supranacionales.
Algunos analistas interpretan que se trata del conflicto entre una internet libre (o neutral) y una internet controlada (o regulada). La llamada “neutralidad” consiste en que las empresas de conectividad (como Fibertel en Argentina o Comcast en USA) estarían dando el acceso a todos los contenidos por igual. No importa de dónde vengan o qué contengan, todos los “paquetes de información” serían tratados por igual. Se sostiene – pero es debatible - que eso garantiza la igualdad y la privacidad. Esta lógica beneficia a dos actores: los proveedores de contenidos y los usuarios.
Pero, desde hace unos años, las empresas de conectividad comenzaron a plantear que esa lógica va contra sus intereses. Afirman que las de contenidos (como Google) hacen grandes negocios con sus redes sin dar algo a cambio. Agregan que los usuarios usan sus redes para aprovechar diferentes ofertas de contenidos y servicios (como bajar música, usar sistemas de comunicación como Skype, etc) y que eso, como ocupa mucha conexión, los obliga a realizar inversiones que no tiene contraprestación satisfactoria.
Surgió de allí la propuesta inicial de proponer tarifas diferenciadas según las necesidades y posibilidades de cada usuario. Pero no prosperó porque cuestionaba la neutralidad. En efecto, si se instalaban distintas categorías de servicio de conexión, estas empresas podrían discriminar el acceso a determinados servicios y contenidos. Por ejemplo: “este usuario puede usar Skype pero este otro no”, o “Fulano puede bajar películas pero Perengano no puede”. O sea, un problema de clase disfrazado: los que pueden pagan por tener más y lo que no, pagan por menos.
A principios de este año, César Alierta, presidente de Telefónica, lo expresó con perfecta claridad: “los buscadores de internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero también es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio posventa lo hacemos nosotros. Esto va a cambiar, estoy convencido".
Las empresas de conectividad plantean que le deberían cobrar una especie de canon a algunas empresas de contenidos (sobre todo los buscadores) y que deberían tener el derecho de gestionar el tráfico de sus redes de acuerdo con sus intereses empresariales (lo cual significaría que puedan discriminar al usuario que use demasiado ancho de banda según los parámetros de la empresa).
Son dos bandos. Por un lado, las dueñas de las redes (Comcast, AT&T, Verizon, Telefónica, Telecom, Fibertel, etc). Dicen, en definitiva, que estas redes son de ellos y que por lo tanto las pueden manejar como se les de la gana. Y por el otro los proveedores de contenidos y servicios (Skype, Google, Yahoo, la misma Microsoft, etc) que defienden la llamada neutralidad.
Algunos estados nacionales ya tomaron posición frente al conflicto. El 13 de julio de este año Chile se convirtió en el primer país que aprobó una ley de neutralidad en la red. Esa norma aclara que los proveedores de conexión pueden gestionar el tráfico en sus redes siempre y cuando esa intervención no afecte la libre oferta de contenidos y servicios. Finlandia estableció oficialmente que el servicio de banda ancha tiene la categoría de un “derecho” – lo cual sienta el principio para futuras ampliaciones – pero la Ministra de Cultura de Francia, por ejemplo, declaró que a ella no le parece que el acceso a internet “sea un derecho fundamental”. La Unión Europea, por su parte, está desarrollando una consulta pública sobre el asunto.
En los Estados Unidos – que es en definitiva el gran árbitro – se lleva adelante una política aparentemente contradictoria. A partir del ataque a las Torres, el gobierno de Bush puso a funcionar un Departamento especial en la Agencia de Proyectos de Investigación, para que se ocupe de diseñar tecnologías especiales de vigilancia, que hoy controlan la mayor parte del tráfico, al menos dentro de USA. Durante la gestión del actual presidente norteamericano, el Departamento (Ministerio) de Justicia sostiene la teoría de que los ciudadanos no pueden demandar al gobierno cuando éste espía ilegalmente sus comunicaciones por razones que hacen al llamado “secreto de estado”. Al mismo tiempo, la CIA invierte en empresas que analizan contenidos de páginas web.
En forma aparentemente contradictoria con lo anterior, el Presidente Obama – conocido fan de la conectividad - se manifestó a favor de la neutralidad y de la intervención del estado para garantizarla. Las empresas Verizon y AT&T le marcaron la cancha y dijeron que se trataba de una propuesta “extremista” e “ilegal” que arrastraría a la industria hacia “el caos regulatorio”. Pero no hay contradicción: Obama quiere una internet “libre” o neutral, pero bajo el control del Estado norteamericano...
Entonces, lo que se debate es “de quién es internet”. Porque en última instancia uno se pregunta quiénes son los que tienen el poder y el derecho de gestionar el tráfico en la web. Es decir que no se trata sólo de neutralidad sino de control, poder. Y en principio, quienes tienen el poder de gestión son las empresas de conectividad
Cuando se tira de un piolín...
Parecería que se están exagerando las cosas. Sin embargo, son las mismas empresas que hoy plantean en público su derecho a regular el tráfico de sus redes, las que lo hacen de manera “no pública” desde casi siempre. Desde hace años estas empresas tienen instalado el software necesario para ralentizar la conexión de cualquier cliente y siempre lo han usado. Las mismas que, hace años, fueron denunciadas por sabotear e-mails que promocionaban la despenalización del aborto. Las mismas que, si se lo proponen, pueden censurar opiniones políticas y/o espiar las comunicaciones de sus clientes y/o vender información personal a empresas de publicidad – como denunció reiteradamente la organización Free Press.
Antes o después los estados nacionales o los organismos supranacionales van a intervenir. Porque a la corta o a la larga las empresas ahora enfrentadas van a llegar a acuerdos estratégicos. Tanto es así que hace pocas semanas Verizon (conectividad) y Google (contenidos) hicieron pública una propuesta de “regulación de la red” que estremeció a la web.
El núcleo de su propuesta consiste en instituir una web abierta y neutral (la actual) y otra con más tecnología y precios diferenciados, destinada a las empresas que den servicios y contenidos especiales y a los clientes que lo puedan pagar. Dos webs. La cara y la barata. La común y la especial. Ambas empresas, lógicamente, aseguran que ellos son los paladines de la libertad de expresión y de la neutralidad en la red. Lo suyo es apenas una “propuesta”. Pero se la hacen al organismo que regula las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Lo que allí se decida influirá sobre el resto del planeta.
Además, lo esperable es que, contra algunas regulaciones, las empresas de conectividad adquieran empresas de contenidos/servicios o viceversa. Trascendió hace meses que Comcast compraría al grupo NBC: la mayor empresa de conectividad de USA se convertiría en propietaria de canales de TV y otros servicios. Una vez concretada esta hipotética adquisición, Comcast podría darle prioridad a sus propios canales y ralentar a la competencia... De donde los usuarios preferirían ver las señales que se cargan más rápido en lugar de las lentas, y por lo tanto, la publicidad en los primeros valdría más que la de los segundos...
En Argentina pasa o puede pasar lo mismo. Supongamos que Fibertel le gana la pulseada al gobierno. Aún a pesar de la nueva ley, podría vengarse dándole prioridad en la web a sus empresas asociadas y limitar la velocidad de carga de los medios afines al kirchnerismo. (Cosa que, si se lo propone, puede hacer ahora mismo.) Inversamente, si el Grupo Clarín pierde la pulseada, las empresas que capten el mercado liberado podrían aprovechar para limitar el acceso a las ofertas del Grupo debilitado – con todas las consecuencias que eso tendría sobre las pautas publicitarias, por ejemplo.
Una u otra variante alegraría los corazones de alguna de las fuerzas enfrentadas... pero el problema está en que internet no funciona sobre la lógica K vs antiK. Funciona sobre la base de un exquisito sistema de equilibrios y a la larga, como dijimos, se trata de un sistema, y cuando se tira de un piolín, siempre se afecta a todos los integrantes de la red.
