Introducción.

En el último período de la globalización, posterior a la entrada en la crisis financiera aguda de agosto de 2007 en adelante las herramientas para el consumo y la inversión utilizadas en el sistema internacional tiene como eje de aplicación las modificaciones en las tasas de interés de referencia y en los tipos de cambio.
Junto a estas formas de afrontar la carencia de crédito, para la inversión y el consumo, se fueron desarrollando procesos de intervención del Estado, en una rémora del new deal posterior a la gran depresión de 1929.
El Estado comenzó a intervenir en el rescate de las quiebras y activos bancarios, en el sostén de las rentas y los valores accionarios sometidos a la incertidumbre de la inversión productiva.
Después de septiembre de 2008, se avanzó, en una amplia diversificación de formas de regulación e intervención, que llega a contemplar un retorno a la apropiación del Estado de empresas en quiebra, para mantener las fuentes de empleo, o también de subvenciones y créditos para facilitar el consumo de masas, buscando reactivar la producción y la distribución.
Sin embargo en ninguna circunstancia se ataco el flagelo de la pobreza extrema y de la masa de población excluida del sistema de reproducción.
La crisis acentúa abruptamente la expansión de las dificultades para que la sociedad supere la cronificación de la pobreza extrema y permita el acceso a formas de seguridad humana. Los derechos humanos de los sectores vulnerables de la sociedad son desconocidos para el poder en lo que respecta a la seguridad alimentaria, al sostén del acceso a la salud y a condiciones sanitarias mínimas, y de la posibilidad de requerir un trabajo digno.
La proliferación de las adicciones, de la carencia de vivienda, de la migración de masas de desposeídos y de enfermedades propias al deterioro sanitario, es el resultado de la falta de responsabilidad social del Estado para aplicar políticas públicas acordes con la emergencia de la crisis.
Poder explicitar herramientas que puedan facilitar una intervención del Estado que sostenga una política de seguridad humana y garantice el acceso a una cotidianeidad digna en esta sociedad globalizada es una necesidad perentoria.

Garantizar una fuente de producción.

En primer término es importante ver que la fragmentación social se expresa en los segmentos más desposeídos, lo que lleva a que la intervención estatal, debe poder reconocer las dificultades para movilizar las condiciones de producción.
Cuando los recursos son escasos, la inducción de la inversión tiene que tener un espacio de valorización para poder tener efectos que amplifiquen la intervención del Estado.
La política social tiene que ser definida como una orientación laboral y limitar lo que represente la caridad o donación sin efecto sobre la voluntad de ser protagonista del sostén de su existencia de parte del carente o desposeído de recursos.
Ante esta definición, y en los momentos más acuciantes es importante un recurso mínimo sin contraparte, en donde el Estado se responsabiliza de mantener el acceso a alimentos básicos.
Esto se puede efectuar con una tarjeta de crédito alimenticia (parecida a la que se utiliza en ciudades de EE.UU. actualmente en vigencia parcial en la Provincia de Buenos Aires), con unos recursos universal mínimo, propuesta que se estudia en la Unión Europea y en Brasil, o las ayudas diferenciadas en los planes sociales posteriores a la crisis de 2001-2002 en Argentina.
Sin embargo estas ayudas o subvenciones, tiene un efecto parcial, que mitiga la pobreza extrema pero no la resuelve, sino que termina produciendo efectos permisivos  ante el deterioro de la identidad y del reconocimiento que vive el receptor de la ayuda.
El desconocimiento permanente de sus posibilidades laborales, la ruptura de su hábitat originario, la carencia de la contención subjetiva, terminan generando una violencia que expande la pobreza material y la transforma en la imposibilidad de poder asumir la situación de vida y llegar a insertarse nuevamente en la sociedad laboral cuando la crisis comience a resolverse.
Para modificar esta situación es importante limitar la intervención con recursos a fondo perdido, o de sostén sin contraparte laboral. La problemática temporal, es muy importante de definir, ya que si bien los ciclos de crecimiento y de crisis se van acortando en la globalización, un tiempo de pobreza extrema que supere los tres años, puede considerarse como un tiempo de determinación de la pobreza permanente o estructural.
El cambio de esta intervención obliga a analizar la utilización de una inversión reproductiva y de generación de empleo.

La creación de un fondo de inversión y consumo.

El Estado tiene que utilizar parte de los recursos de las políticas sociales en la inducción de inversiones que creen fuentes de trabajo. Para ello puede colocar parte de los ingresos tributarios por asignación específica en un fondo de inversión.
Dicho fondo puede tener distintas actividades, que contemplen la formalización de una red para superar un resolver condiciones del mercado que son barreras a la existencia de sectores vulnerables en el sistema de producción-distribución-consumo.
Una parte del fondo de inversión tiene que servir para dar crédito, parte a fondo perdido, y parte con retorno del capital incluido una tasa de interés de preferencia, de manera a provocar un retorno de la inversión que le dé una base de sustento en el mediano u largo plazo al fondo.
Esta parte del fondo funcionará como un banco de inversión y sus prestamos son contra proyecto de desarrollo, al estilo los micro-emprendimientos tradicionales.
Otra parte del fondo de inversión tiene que servir para préstamos al consumo dirigidos a un mercado “cautivo”, en el sentido de que parte de los bienes que producen los micro-emprendimientos, puedan satisfacer una demanda potencial existente que no tiene poder adquisitivo seguro y cierto.
El retorno de ese crédito al consumo también tiene que ser parte de la responsabilidad del destinatario, contemplando la posibilidad de una mora o retardo en el pago, pero que su desembolso este garantizado por el compromiso del sector vulnerable, que sin este préstamo no tiene acceso al consumo de masas.
Esta parte del fondo de inversión tendrá un comportamiento de banco comercial. Puede incluir un segmento para lo que representa el acceso a la vivienda digna. Tanto en lo que significa un crédito hipotecario para vivienda bajo sistema social, autoconstrucción u otras formas, o para un alquiler social de locaciones específicas obtenidas por la intervención del fondo.
Esta parte tendrá la característica de abordar los problemas de vivienda como prioridades del fondo y su sustento puede estar garantizado por recursos del Estado y facilidades constructivas por el retorno de largo plazo de la inversión.
Estas actividades que asemejan a las de un banco tradicional, se diferencian del sistema en cuanto todo crédito o préstamo tiene una tasa de retorno “sombra”, propia de un precio diferenciado del mercado, cuya certidumbre tiene que ser obtenida por la planificación de las inversiones inducidas por la política social.
Los recursos líquidos del fondo, tienen en un comienzo que ser constituidos por el Estado.
La primer parte del capital de giro necesario para un primer período, (18 meses como mínimo), para luego atraer inversiones privadas que busquen un retorno conservador pero de largo plazo, como seguro de obtención de una tasa de interés cierta (parecida a la de un bono de Estado de país con moneda clave, EE.UU., algunos países de Unión Europea, o carteras muy securitizadas de bancos de inversión con un perfil de reconocimiento AAA).
Se puede diseñar que el punto de partida de un fondo puede abarcar en el período de 18 meses las tres formas básicas de actividad con 15 mill. de u$s.
Esto puede cubrir un universo de 30.000 beneficiarios de 20.000$ para los diferentes segmentos del fondo de inversión.

La actividad del fondo de inversión y consumo.

Los préstamos tienen que tener un respaldo de parte del propio Estado, ya que los prestatarios no pueden, en su gran mayoría, tener un garante que responda por la solvencia del beneficiario.
La garantía del Estado, a medida que la rotación del capital avanzado, puede a su vez ser sostenida por un garante de última instancia mixto, público-privado. Esto es igual que la constitución del fondo y de la expansión del mismo.
La acumulación de excedentes, tendrá el mismo carácter social que el conjunto de la actividad, pudiendo tener como objeto ir facilitando la colocación de la producción no cautiva, en el mercado nacional o internacional.
Las oportunidades comerciales, también se pueden ampliar por la adscripción a una forma de compra privilegiada por parte de organismos del Estado, local, subnacional, o nacional, así como por el sistema de Naciones Unidas, si se cumplen los requerimientos de calidad de dichos sistema.
El proceso de sensibilización social relativo a esta actividad, puede servir como formas de marketing de la producción, de la distribución y del consumo de los beneficiarios.
También la capacitación y la formación de los beneficiarios tienen que estar en un comienzo a cargo de la actividad del fondo de inversión, para ser específica y acorde con las necesidades de los proyectos.
Parte de la actividad de comercialización y distribución tiene que tener una apoyatura del fondo, de manera de ampliar el mercado y provocar una inducción positiva de la creatividad y la productividad de los beneficiarios, al mismo tiempo que de impactar en las condiciones del mercado tradicional.

El perfil del beneficiario.

Las actividades del fondo tienen que estar localizadas en el segmento de la población excluida, con voluntad de cambio, y de transformación de su realidad.
En un comienzo las mujeres y los jóvenes en búsqueda de un primer empleo son proclives a tener más impulso para la creatividad y para el sostenimiento de un comportamiento de producción-distribución-consumo.
Son también facilitadores de un impacto social que expanda la inducción focalizada, y sea ejemplo para otros beneficiarios que puedan salir de la cronificación de la exclusión.
La importancia de este procedimiento de seguimiento de la actividad financiada, del control de la gestión de los proyectos, y de la medición de impacto, es lo que puede permitir que después de los primeros 18 meses de vida del fondo, y de la colocación del primer capital de giro, este se reproduzca en el tiempo, se transforme es sustentable, y atraiga por la certidumbre y confianza que genere nuevas inversiones privadas locales o internacionales, tanto de reproducción natural como de cooperación y solidaridad.

Conclusión.

Este aporte a las herramientas del consumo y la inversión en la crisis, tiene que servir para ensayar aplicaciones de políticas públicas propias a una planificación económica social mas amplia e inclusiva.
Otras herramientas, distintas a las de los sectores no vulnerables, tienen que acompañar y crear condiciones para la actividad productiva, orientando objetivos de mediano y largo plazo.
Planificar la inducción del consumo y la inversión, para salir rápida y coherentemente de la crisis, puede objetivar una política pública que sustente un crecimiento de la actividad económica, que reconozca la identidad y la subjetividad del habitante, respetando su derecho a la seguridad humana.