Cuando se debe evaluar un proyecto en obras y servicios públicos se tiene que tomar en consideración que los recursos del Estado son escasos y deben estar direccionados en forma tal que puedan tener un impacto social.
Esto es fácil decirlo, pero muy diversas son las interpretaciones en la toma de decisiones de políticas públicas.
-Primero, existe un problema de tiempos. En la mayoría de las circunstancias, las inversiones en obras y servicios tienen una duración que trasciende el corto plazo. Esto genera una distancia entre la necesidad política y la generación de nueva inversión.
-Segundo, la necesidad social es particularmente acuciante en períodos de crisis o de recesión económica, lo que lleva a presionar sobre la orientación de los fondos y el requerimiento del uso de los mismos para actividades de partidas presupuestarias vinculadas al sostén de la canasta de consumo familiar.
-Tercero, se perdió el criterio de planificar la inversión pública, de manera de considerar cada proyecto inserto en una política de Estado de largo plazo.
Frente a esto el debate que surge en cómo aplicar los recursos propios del Estado, por acumulación de excedentes en la recaudación fiscal, por incremento de reservas monetarias, o por intervención en sociedades de economía mixta, resabio de la incorporación de las AFJP a la ANSES, es un debate que necesita de clarificar algunos puntos que hacen al concepto de rentabilidad social.

1. La nueva inversión en obra pública tiene que servir para localizar proyectos que tengan efectos de arrastre, es decir que sirvan como “industrias industrializantes”, en la cadena de producción. Ejemplo una represa o un dique, impactan en construcción, hierro y siderurgia, transporte, energía, etc..
2.  Tiene que haber una inducción para la incorporación de otras inversiones colaterales, públicas y privadas, que faciliten y reproduzcan el excedente.
3. El lento retorno de la inversión pública que se efectúa, tiene que ser compensado por políticas tributarias durante el lapso de tiempo necesario, hasta que se genere una rentabilidad financiera genuina del propio proyecto.
4. El impacto social tiene que ser medido y cuantificado al avance del proyecto de tal forma que se conozca la repercusión en creación de puestos de trabajo, impacto medio ambiental, modificaciones de hábitat o condiciones sociales otras que las del proceso de producción inmediato.
5. El Estado tiene que orientar la nueva inversión generando recursos propios para ampliar el espacio social de satisfacción de las necesidades del consumidor individual.

Cumplidos estos requisitos, se puede afrontar el debate sobre trabajo productivo e improductivo en momentos de crisis. En el keynesianismo vulgar se considera que es viable contratar empleo público para hacer pozos de día y taparlos a la noche, con tal de pagar salarios que después son consumo inmediato.
Esta forma de apoyo social para evitar la carencia extrema y la pobreza indigna, es dable de ser utilizada como política social en situaciones límites. Fuera de este contexto, El Estado tiene como deber primario el tener la responsabilidad social de producir inversión pública en aquellos proyectos de lento retorno de la inversión y de incertidumbre en la rentabilidad financiera.
Esto puede no cumplirse por obscurecimiento de los objetivos o por carencia de cuadros técnicos adecuados para la implementación, por ejemplo si tomamos las últimas iniciativas respecto a fondos públicos:
En un apartado específico tenemos que calificar al uso de los fondos de la Anses en lo que va del año. La intencionalidad de priorizar un impacto sobre el consumo de bienes durables y un crédito preferencial para industrias Pymes es adecuada para el momento de restricción financiera por la crisis. Lo que es evidente es la carencia de una eficiencia en la implementación, fundamentalmente por la incoherencia de los funcionarios en implementar los créditos.
En lo referente a la obra pública prevista por el momento no se nota que cumpla los requerimientos para la sustentabilidad de la inversión, ni las premisas que citamos para desarrollar el efecto deseado de desarrollo de encadenamientos productivos significativos.
Queda a considerar si la necesidad financiera puede ser cubierta por inversiones que acompañen a los fondos de la Anses, de carácter privado o de organismos financieros multilaterales de crédito, como los préstamos contingentes que actualmente gestionan diversos países en el F.M.I., en el Banco Mundial y en el B.I.D..

El objetivo de rentabilidad social, es porque se considera que gran parte del gasto público, es realmente inversión, no solo en infraestructura, sino también en educación, salud y otros servicios necesarios para que la reproducción del capital exista y se incremente en un plan de desarrollo y crecimiento.
La eficacia de la inversión pública es entonces una prioridad para definir y sostener políticas de Estado, que deben tener en consideración la identidad local y regional, la orientación de los sectores de producción prioritarios a nivel nacional, y los procesos de integración con vecinos y socios en el posicionamiento en el mercado internacional.
Avanzar en la discusión de estos temas puede dar vigencia al concepto de Estado interventor y regulador, en el período actual de nuestra sociedad.