Uno de los mitos que circulaban en los 90 era que la “formación profesional” era un elemento principal para resolver el problema del desempleo.

La afirmación era una contradicción contundente con la realidad y las políticas que se llevaban adelante. En efecto, por un lado se desmantelaba el sistema de Educación Técnica que, desde la posguerra, se había ido creando para acompañar el proceso de industrialización de la Argentina, concretado especialmente por el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) a cuyo cargo estaba  la educación tecnológica de nivel medio en el sistema formal y también estaba a cargo de la Formación Profesional desde los sesenta. Por otro se creaba una Secretaria de Formación Profesional en el Ministerio de Trabajo que tenía dos características: se financiaba con la mitad del Crédito fiscal que correspondía al CONET, y estaba basado en acuerdos con los gremios que debían gestionar los cursos de FP .

Para aumentar la confusión, Domingo Cavallo creaba, en la esfera del Ministerio de Economía, el gigantesco Plan Joven o Plan de Empleo Joven. Millones de dólares se recibieron de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el FM, el BM o el BID.  Desempleados menores de treinta años recibían una mínima remuneración por un breve curso de tipo “teórico” y varias semanas o meses de “pasantía” en una empresa, después de la cual la empresa no tenía ninguna obligación de tomarlos como empleados. De ellos la mayoría de los integrantes del Plan de Empleo Joven volvieron aquedar desocupados. Otro tanto ocurrió con quienes hicieron los cursos de la efímera Subsecretaria de Formación Profesional.

 La Formación Profesional se entendía, además como formación breve y específica, dirigida a una actividad entendida como “oficio”, de carácter mas o menos permanente, contraviniendo la evidente tendencia a que las personas se “reciclan” laboralmente varias veces a lo largo de la vida, con excepción, claro está,  de los sectores de “menores calificaciones”, según la jerga de la época. Por ejemplo el de servicio doméstico, uno de los pocos sectores que no ha perdido empleo.

Finalmente la situación no hizo mas que empeorar. Los Técnicos superiores que salían de las antiguas ENET vieron degradarse su currículo y los talleres de práctica. Los cursos de FP que subsistieron con continuidad son los que estaban sustentados por sindicatos fuertes, aunque formalmente pertenecieran a la jurisdicción educativa respectiva. Las empresas nunca encararon la FP en serio, mucho menos después de la debacle del gobierno de De La Rúa, la devaluación y la crisis que comenzó en el 2001.

Recién ahora se acepta que hubo una continuidad de las políticas educativas desde 1983 hasta ahora (ver, por ejemplo, artículo en “Clarín” del domingo 1 de marzo de 2009, donde Rafael Gagliano, un investigador de la UBA y vicepresidente del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos aires así lo manifiesta) cuando hemos perdido un cuarto de siglo. Quienes sosteníamos esto durante ese tiempo fuimos marginados de cualquier posibilidad de gestionar y aún de investigar sobre la realidad educativa. Verdaderos “clanes” de pedagogos o sociólogos vinculados a la educación ocuparon cargos diferentes, en una rotación que  ponía al frente de secretarias, fundaciones, universidades, puestos legislativos y ministerios, más o menos siempre a la misma gente, algo bastante frecuente en muchas áreas pero que en el caso de Educación fue trágico porque repetían una serie de conceptos productos de la imaginación y los intereses del propio grupo más que de un diagnostico y una práctica seria. La educación que fue uno de los pilares del desarrollo espectacular de Argentina en una época, pasó a ser un campo de prebendas sin ninguna articulación con las necesidades de la gente, en especial de los mas débiles de la sociedad, aunque con frecuencia se tomaran medidas y se encararan complejas reformas en nombre de elllos.

Se podría decir que los argentinos han sido estafados por quienes tomaron decisiones en materia de educación en el último cuarto de siglo, estafa donde la corrupción se materializó no sólo en las formas normales que ésta asume sino en otras mas complejas, difíciles de visualizar, escondidas tras un jerga que confunde a maestros, comunicadores, padres, que finalmente ya no saben qué exigirle a la educación.

Al fin de la dictadura el Congreso Pedagógico Nacional recogió las inquietudes que entonces los argentinos tenían y llegó a unos acuerdos mínimos que el gobierno de Alfonsín no tuvo el empuje político para traducir en una nueva Ley de Educación, en una Reforma real. El menemismo tomó esos acuerdos pero les dio una interpretación en la clave de los tiempos, es decir en los 90 neoliberales. A través de la Ley Federal o de la descentralización educativa (Ley de Transferencia) o la Ley de Educación Superior, parecía cumplir con los mandatos de los 80 pero los resignificaba, desplazando al Estado nacional como órgano rector de la Educación, y creando realidades diferentes en las jurisdicciones que siguieron aumentando las diferencias entre regiones y clases sociales. La “descentralización” se convirtió en un pase libre para afectar a la comunidad educativa, introduciendo categorías del campo empresarial como “calidad”, “competencia” y “eficiencia”, modos de “evaluación” y hasta de Formación Docente, propios el mundo de los negocios que, obviamente, no sirvieron para nada, porque carecían de sentido en la realidad de aula.  Nada se volvió mas eficiente y la calidad se ha resentido notablemente con el correr de los años tanto en el campo de la educación de gestión privada como de gestión estatal (provincial).

La resistencia de los gremios docentes fue frontal y sostenida pero singularmente miope. Se expresó en huelgas, la Carpa Blanca, reclamos salariales y de mejora de las condiciones laborales pero en el campo conceptual no opuso otra alternativa que  no  fuera el elogio de la vieja escuela pública. Como si nada hubiera cambiado, como si no se asistiera al derrumbe de un modelo económico y social que había sostenido a esa escuela pública, como si no cambiaran las condiciones de vida de los grupos sociales, en buena medida se resistió a la Reforma que encabezaron los ministros Jorge Rodriguez y Susana Decibe, sin presentar caminos alternativos, paradigmas que respondiesen a la transformación profunda que se daba en la sociedad. Los docentes quedaron entonces agotados, lo único que hoy encontramos en común es una gran desconfianza de toda propuesta que venga del campo político.

 Para colmo después del gobierno de Menem tampoco apareció desde el Estado una orientación diferente. El gobierno de la Alianza no mostró una intención de cambio en el campo educativo en su breve tiempo de existencia, e incluso con Lopez Murphy como Ministro de Economía recortó el 40% del presupuesto de Educación. En plan de ajuste obligado por el FMI, en marzo de 2001 el gobierno de De La Rua, en el cual era ministro de Educación Andrés Delich, le quitó 1.120 millones de dólares (peso=dólar, por entonces)al sector educativo: 220 millones a infraestructura escolar, 550 millones al Fondo Nacional de Incentivo Docente y el resto a las partidas universitarias (un 20% delo que tenían hasta entonces aproximadamente). Aunque el sector universitario tiene mucho poder de lobby no pudo impedir el atropello mayúsculo del gobierno que supuestamente había venido para “reparar” lo hecho por la política neoliberal de Menem y estaba lleno de radicales “defensores de la Educación Pública”.Ya nadie recuerda, además qué  se hizo en esa época porque ni siquiera se plasmó en legislación

Por el contrario Daniel Filmus llegó con la consigna de negar todo lo hecho en los 90 y renovar la legislación. Dice Guillermina Tiramonti (actual  investigadora en Educación de FLACSO, institución rectora en este campo,  de donde provenía el ministro de Kirchner, ya que la presidió durante largo tiempo, además de ocupar cargos de responsabilidad en Capital Federal en los años 90)en declaraciones para la  “Guía de la Enseñanza” (diario Clarín, domingo 1de marzo de 2009, página 8):”  no marca un Norte diferente para las escuelas, limitándose al acuerdo con las distintas corporaciones de la comunidad educativa pensando en la gobernabilidad del sistema y no en su transformación”

Una de las leyes que saca Filmus es la Ley de Educación Técnica” que, en síntesis, es un intento de reparar las barbaridades que se produjeron a partir de la  disolución del CONET en 1992.Es un buen intento sobre todo en el  marco de la concepción política y económica que quiere marcar Néstor Kirchner, pero hasta el momento no se han visto resultados ya que las orientaciones son incompatibles con un sistema educativo desmembrado en 25 jurisdicciones que poco tienen que ver en común entre sí.

La Educación Técnica se había pensado, justamente teniendo en cuenta la relación entre Educación y Trabajo. Buscaba egresados de nivel secundario o universitario (con la UTN) que respondiesen a un aparato productivo en crecimiento. Pero las circunstancias han variado enormemente desde la época en que se pensaron esas instituciones educativas. Para empezar la relación Educación y Trabajo es extremadamente compleja, responde a una cantidad de factores que son difíciles de aislar y con interrelaciones variables en distintos contextos. La base de la  relación  siempre está dada por la justeza de los requerimientos del aparato productivo y la flexibilidad del sistema educativo para responder a esas demandas sin  perder su finalidad  propia como sistema, que es la formación de personas y de ciudadanos, no sólo de mano de obra o de emprendedores.

El incremento de la desocupación repercute en la inserción ocupacional de las personas con distintos niveles de instrucción. La relación entre los niveles de educación de la PEA dista de ser lineal y mecánica. En Argentina en las últimas décadas han coincidido un incremento de los niveles de instrucción de la PEA con el aumento de la desocupación. Esto se debe sencillamente porque ésta última es resultado fundamentalmente de la relación entre oferta y demanda de trabajo y especialmente con la creación de nuevos puestos de trabajo, las variables demográficas y el incentivo para participar de forma activa.No es resultado directo de la falta de educación. De hecho en Argentina es muy común ver a personas sobrecalificadas para los puestos de trabajo que ocupan. Ha habido una devaluación de credenciales (títulos secundarios o terciarios y aún universitarios) que por un lado impulsa a la población a demandar mas educación media y superior pero por otro no resuelve el problema de ocupación.

Obviamente este no es un alegato en contra de la extensión de la  educación media y superior. Además de razones ideológicas en favor de la igualdad de oportunidades  tengo en cuenta que:

1. La desocupación es mayor en los sectores sociales menos educados.
2. La escuela y la universidad brindan calificaciones “sociales” que tienen que ver con la capacidad de trabajar en grupo, de adaptarse a diversos entornos, de gestionar, de reinsertarse en un mundo cambiante. En muchos casos la institución educativa proporciona vínculos, relaciones personales muy necesarias a la hora de insertarse laboralmente y ésta sería la principal ventaja que encuentran muchos alumnos en las instituciones privadas.

En líneas generales nos encontramos en un momento de definiciones que tienen que partir, en primer lugar del mundo productivo. Se ha perdido mucho tiempo y hemos dejado desprestigiar a la educación que alguna vez supimos conseguir. Sin embargo empiezan a escucharse voces razonables que adviertes contra las “mentiras pedagógicas” que nos han intoxicado. Una crisis es una oportunidad y en este caso, si bien la educación no genera empleo, puede ser que, tomando decisiones económicas razonables y al empezar a caerse los ídolos de barro de las elites que campearon a sus anchas en la ingenua joven democracia argentina en el campo educativo, encontremos el camino de la necesaria cordura que vincule a la educación con el trabajo.