Fragmento de la
INTRODUCCION

En septiembre del 2001 comenzamos a desarrollar la investigación "Represión y cultura. 1976- 1983" en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (Adjuntía de Derechos Humanos). Este programa investiga el origen, el desarrollo y las consecuencias de la represión dictatorial contra el derecho a la cultura y contra nuestro patrimonio cultural.

El "derecho a la cultura" se encuentra entre los llamados "derechos derivados", esto es, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales enumerados en diversos tratados internacionales. Estos principios no deberían ser interpretados como un sistema de derechos paralelo o marginal sino a partir de una visión integradora, como propone la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993:

"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales." 1

No obstante, esta declaración deja un problema pendiente: el objeto del derecho a la cultura está constituido por la cultura misma, por lo tanto, es imprescindible establecer su significado. Si seguimos el espíritu de las normas y tradiciones de la defensa de los Derechos Humanos, queda claro que no se puede utilizar una definición restrictiva y elitista, en la cual "cultura" se limite a una pura suma de productos y conocimientos creados por una minoría. Es necesaria una idea de cultura "de alcance amplio".

La perspectiva de la antropología cultural ofrece un encuadre esclarecedor. García Canclini, propone que los alcances de la cultura refieren a "la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido." 2

O bien, como señala Bayardo, la cultura comprende "los aspectos ideacionales, pero entendidos como una dimensión simbólica relacionada a los procesos de producción material y reproducción social. En esta perspectiva, la cultura es una construcción significante mediadora en la experimentación, comunicación, reproducción y transformación de un orden social dado. Como dimensión constitutiva de ese orden es una condición de su existencia y no una entidad desgajada, posterior a él: conforma las relaciones sociales, económicas y políticas. A la vez conforma nuestra subjetividad, nuestro modo de percibir el mundo, de experienciar, indagar y replantear las relaciones humanas." 3

Proponíamos en una publicación anterior que "tales definiciones de cultura ponen de manifiesto la importancia de ésta no sólo en la identidad social sino también en la conformación de recursos individuales y colectivos de interacción. La represión a la cultura es así una forma radical de represión política, que produce a la vez un daño colectivo y un daño en la subjetividad de cada individuo, privándolo del acceso a los bienes a los que tiene un derecho inapelable". 4

Salvando la diferencia de horror y crueldad, observamos que a la desaparición del cuerpo de los desaparecidos se corresponde la desaparición sistemática de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones. La "represión física" (por decirlo así) se articulaba con la represión contra el mundo simbólico y sus condiciones materiales de producción y reproducción.

En ese contexto desaparecían artistas y trabajadores de la cultura, y con ellos también desaparecían sus bibliotecas, sus manuscritos, sus proyectos, inclusive sus temáticas, y a veces sus sueños. Y así como fueron comercializados bienes de detenidos y desaparecidos, también fueron robados y manipulados bienes culturales de todo tipo. Es más: la posesión misma de estos bienes era signo de peligrosidad y motivo de secuestro o persecuciones de todo tipo.

De un lado estaban los campos de concentración, las prisiones y los grupos de tareas. Del otro, una compleja infraestructura de control cultural y educativo, la cual contaba con equipos de censura, análisis de inteligencia, abogados, intelectuales y académicos, planes editoriales, decretos, dictámenes, presupuestos, oficinas... Dos infraestructuras complementarias e inseparables desde su misma concepción. Dos caras de la misma moneda.

Muchos voceros de la dictadura estiman que la estrategia cultural del régimen militar fracasó. Sostienen que ganaron la lucha contra "la subversión armada" pero que perdieron la batalla cultural. Por eso, según ellos, no se les reconocen sus méritos ni se les agradecen sus actos de servicio. Si hubieran triunfado en el terreno cultural, reflexionan, hoy la sociedad les reconocería agradecida la derrota del "peligro subversivo". Lejos de reconocer la masacre represiva, reafirman su estrategia de represión ideológica, al lamentar que no pudieron llevarla acabo con la misma eficacia. 5

Dentro del contexto de la dictadura como proyecto de reformulación del modelo económico-social (plan Martínez de Hoz) y de disciplinamiento de grandes sectores sociales a través del terror (terrorismo de Estado), la cultura fue un aspecto estratégico del proyecto global. En consecuencia, el régimen desarrolló una estrategia de represión, control y producción cultural de alcance nacional - tanto para la cultura en el sentido antes definido como para la educación y la comunicación en general. El modelo, entonces, se apoyaba en tres pilares: plan económico social, terrorismo de estado y política cultural, inseparables uno del otro.

Ésa era nuestra hipótesis al comenzar la investigación. Numerosos indicios parecían darnos la razón. Pero se trataba de una hipótesis y había que probarla.

DESTRUIR DESPUES DE LEER

En marzo del 2000 un empleado del Ministerio del Interior encontró de casualidad una enorme pila de papeles abandonados en una bóveda del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade), cuyo edificio había sido cedido a ese Ministerio durante el gobierno del presidente Menem. Las autoridades revisaron el material y descubrieron que se trataba de algo parecido a un archivo de los servicios de inteligencia de la dictadura. Ataron las pilas de papeles en numerosos paquetes y se los entregaron al Ministerio de Justicia, el cual los derivó al Archivo de la Conadep. Como no incluían información significativa acerca de los desaparecidos, quedaron allí depositados a la espera de una investigación que se ocupara de ellos.

Unos seis meses después, a poco de iniciar esta investigación, una de nuestras primeras medidas fue la de revisar el mal llamado "Archivo Banade", que en realidad es una cantidad inorgánica y fragmentaria de informes, memorandos, carpetas y borradores de inteligencia de la dictadura, calificados por sellos que dicen "secreto", "destruir después de leer", "estrictamente confidencial y secreto", "reservado", etc. Algo que alguna vez fue un archivo. Papeles oficiales que se salvaron de la destrucción ordenada por el último presidente de la dictadura, el general Bignone.

La mayoría de estos documentos pertenecían a los archivos del Ministerio del Interior de la dictadura. Es de presumir que se trata de los papeles que no alcanzó a incinerar el coronel Carlos Alberto Tepedino, que se desempeñó como Director General de Seguridad Interior de ese ministerio desde su retiro, en 1981, hasta el fin de la dictadura. Se le inició una causa judicial con motivo de la destrucción de documentos sobre la represión pero fue indultado por el doctor Menem en 1989. Tepedino fue uno de los principales cerebros del terrorismo de Estado. Como se verá más adelante, también tuvo intervención en la política editorial de Eudeba. 6

Dadas las características de esta investigación, nos limitamos a analizar sólo los documentos referidos a la cultura en sentido amplio, dejando al interés de otros investigadores los papeles acerca de temas como inspecciones de la Cruz Roja Internacional, informes de inteligencia sobre ciudadanos del interior del país, etc.

Como fuimos los primeros en investigar este "archivo", comenzamos por sistematizar una base de datos que organiza más de 600 documentos que representan unas 4.000 páginas, sólo en lo que respecta a la temática cultural.

Entre esos documentos oficiales se encontraba no sólo una confirmación de nuestra hipótesis sobre la estrategia cultural de la dictadura, sino además la base de otras investigaciones que se encuentran en desarrollo. Así, por dar apenas un ejemplo, el "Informe Especial Nº 10" , elaborado por el Comando en Jefe del Ejército (Estado Mayor General, Jefatura III, octubre 1977) que dimos a conocer en un acto público en el Centro Cultural General San Martín en marzo del 2001. 7

A partir de allí y de otras confirmaciones directas e indirectas, pudimos sostener que existen fundadas razones (teóricas, documentales y testimoniales) para asegurar que la dictadura militar llevó a cabo una verdadera estrategia cultural de alcance nacional. La misma no se limitó a censurar, perseguir, destruir, amenazar o robar. De modo complementario, también dedicó importantes esfuerzos para promover y financiar la cultura que se propusieron imponerle a la Nación , asegurando que la suya era la "verdadera cultura nacional".

El mencionado Informe Especial Nº 10 propone una extensa definición de la palabra cultura. 8 Más allá de si esa definición se comparte o no, tenemos por un lado que se trata de una definición intelectualmente elaborada y no de un griterío cuartelero. Y por el otro, que la misma es de una amplitud tal que es como decir "cultura es casi todo". Si cultura es (casi) todo, entonces todo puede y debe ser controlado. Se trata de una definición funcional al proyecto de control global sobre el conjunto de la sociedad.

Lo notable no es que la dictadura se haya preocupado por la cultura y que haya tenido políticas culturales, sino que se piense todo lo contrario. No nos sorprende que estas políticas hayan existido sino que no sean recordadas o reconocidas -que hayan caído en el olvido unas políticas que fueron concebidas para producir olvido y que podrían ser recordadas-. Una política que la historia debería instalar en el debate del presente acerca del pasado.

Tanto es así, que las autoridades de la dictadura tuvieron un cuidado cuasi obsesivo con el problema de la censura previa. Entre 1976 y 1983 no hubo, formalmente hablando, censura previa. Los teatros no estaban obligados a someter sus textos a una comisión de censura previa antes del estreno. Las editoriales podían publicar sin pasar previamente por un comité de censura. Había listas negras, pero las autoridades lo negaban. Al identificar "censura" con "censura previa" resultaba que la censura no existía. No se puede recordar lo que no ocurrió. Y quien lo recuerde, miente. Sin embargo, existió censura -y no sólo eso, también persecuciones, desapariciones y encarcelamiento de toda clase de trabajadores de la cultura-. Hasta hubo casos, como se verá más adelante, de mutilación de textos, tal como lo proyectó el general Corbeta cuando planificó la reedición de obras de Ramón Carrillo y de Arturo Sampay.

Para llevar adelante el proyecto cultural de la dictadura fue necesaria la intervención de mucha gente. No sólo del ámbito militar en general sino además (y de modo fundamental), profesionales, académicos, técnicos, asociaciones - representantes legítimos de la sociedad "bien pensante" en general-. Ocuparon cargos en las categorías más altas del escalafón de la función pública y fueron en su mayoría designados por decreto (ministros, secretarios y sub secretarios de estado, asesores y jefes de gabinetes de asesores, directores generales, miembros activos de comisiones de estudio, rectores, decanos, etc.) Tuvieron capacidad de resolución y de gestión como funcionarios públicos. Manejaron presupuestos. En síntesis, no se trata de colaboradores más o menos ocasionales de la dictadura sino de funcionarios de primero y segundo nivel del régimen militar.

Según la hipótesis base del proyecto dictatorial, el país representado por la alianza encabezada por el binomio Videla /Martínez de Hoz, se encontraba ante un enfrentamiento global (de violencia física a veces, en el terreno simbólico otras) y en múltiples frentes simultáneos, o sea, una guerra. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, el presupuesto es aparentemente simple: el enemigo tenía una estrategia global y ellos, por su parte, también debían tenerla. 9 En ese enfrentamiento global, cultura, educación y comunicación no eran menos importantes que picana, cárcel o secuestro. 10

Ignorar o no recordar esta línea de trabajo implicaría tanto olvidar episodios realmente ocurridos (la intervención de la UBA y su consiguiente "Noche de los bastones largos" es apenas un ejemplo de 1966), como repetir el mecanismo de la caricaturización del otro ("los militares son todos brutos"), o seguir cerrando los ojos frente a la enorme cantidad de profesionales y académicos civiles que fueron un engranaje estratégico de estos proyectos -y no sólo "colaboradores", expresión que la memoria y algunas investigaciones le asignan a economistas que fueron ministros, abogados que fueron secretarios de Estado, sacerdotes que bendijeron picanas, etc.-. En este sentido, la articulación entre militares y civiles, en el caso de Eudeba, es paradigmática.

DERECHO A LA VERDAD

El proyecto cultural de la dictadura tanto como sus ejecutores y teóricos es algo que tiene que conocerse, porque saber la verdad es un derecho de la sociedad. El Derecho a la Verdad , consagrado de manera pacífica por la doctrina y la jurisprudencia internacional, comenzó a desarrollarse en diversos tribunales de nuestro país y es motivo de sólidos aportes bibliográficos.

A su vez, creemos que el derecho a conocer la verdad debería ir acompañado del derecho a la recuperación del patrimonio cultural. Esto es, que los legítimos dueños del patrimonio -ya sean individuos, instituciones públicas o privadas- puedan recuperar los bienes culturales expropiados, robados, escondidos y afectados en general por la represión dictatorial.

En tal sentido, más adelante se verá que Eudeba, como empresa y como proyecto cultural, sufrió severas agresiones contra su patrimonio, especialmente durante la gestión de los directorios civiles. Ésa es una de las razones por las cuales esta investigación se apoya antes en un "criterio de verdad" -en el terreno de la historia reciente- que en los criterios propios y legítimos tanto de las investigaciones sobre la memoria, como de la historia oral.

En este terreno nos encontramos con que son relativamente escasas las investigaciones específicas y aun menores las iniciativas judiciales, sólo secundariamente atendido por el Estado nacional y por los estados provinciales. Y, sin embargo, controlar la cultura significaba no sólo controlar los objetos portadores de valor cultural (libros, cuadros, películas, obras de teatro, composiciones musicales y publicidad) sino también controlar a los autores e intérpretes, distribuidores, empresas y público potencial.

No obstante, el derecho a la verdad "es la reconceptualización de antiquísimos deberes del Estado y derechos de los individuos -y en nuestro ordenamiento jurídico interno, fácilmente deducido como uno de los derechos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno, plasmados en el art. 33 de nuestra Constitución Nacional-. Conforme a él, el Estado no puede desentenderse de su obligación de investigar." 11

Por eso, esta investigación se instala, en primer lugar, en el marco de la promoción de los derechos culturales como derechos humanos.

"Para mejor comprensión del reclamo, se habló de memoria, olvido, cultura, se integraron conceptos de las ciencias sociales con la intención de que los derechos no aparecieran como construcciones jurídicas aisladas, sino como parte de la identidad cultural. Se recordó que las obras culturales contribuyen a la memoria, y que su expropiación y ocultamiento es una forma de implementar el olvido, obligar a la sociedad a no conocer, a borrar el saber." 12

(...)

En las siguientes páginas se da a conocer un primer informe de un "caso testigo", el de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). La posibilidad de este informe se desató a partir de uno de los hallazgos en el llamado "Archivo Banade", en donde encontramos varios documentos acerca de la editorial. Entre ellos, copia de un contrato secreto firmado entre el Ministro del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy, y un interventor militar en Eudeba, el general Arturo Corbetta. Este acuerdo ni siquiera era conocido por las autoridades de la editorial que asumieron a partir de diciembre 1983. Descubrimos que estaba inscripto en las Actas de Directorio y que se había llevado adelante involucrando a autores, traductores y editoriales que ignoraban que estaban siendo manipulados por un contrato secreto.

A medida que investigábamos los archivos de la editorial, descubrimos, además, que dentro de una sola empresa se articulaban de manera indisoluble un conjunto de variables siniestras que son un reflejo a escala del terrorismo de Estado aplicado a la cultura: control cultural y censura, manipulación y estafa a los lectores y a los autores, clandestinización de las normativas, participación de grupos de civiles en los planes represivos, así como la administración irresponsable del patrimonio de la empresa y la persecución a su personal, lo cual llegó al extremo de la posible complicidad con la desaparición de personas.

Si algo queda perfectamente claro en estas investigaciones es que, para la dictadura militar, la política cultural no consistía en provocar la quiebra o la desaparición de nuestras industrias culturales, sino en disciplinarlas para ponerlas a su servicio. Su proyecto no consistía en hacer desaparecer a la industria editorial o a las empresas discográficas, sino que se proponía terminar con el pensamiento crítico y construir su propia hegemonía ideológica.

Desde un primer momento nos propusimos no avanzar sobre las consecuencias mediatas de ese proyecto. Semejante evaluación escapaba y escapa a nuestras posibilidades. De modo que por ahora la investigación tiene por objeto el reconocimiento y análisis de esa estrategia, sin entrar a analizar su éxito o su fracaso, o las políticas de resistencia que se le opusieron y la enfrentaron.

(...)

Fragmento del
CAPITULO IV.

4.4. El contrato clandestino

En junio de 1979, el general Albano Harguindeguy 13 -ministro del interior durante la gestión de Jorge Rafael Videla- y el general Corbetta firman un convenio para publicar cierto tipo de textos. Encontramos un borrador de este contrato en el llamado "Archivo Banade". A su vez, el mismo texto aparece reproducido oficialmente en el Acta de Directorio 418, del 30 de junio de 1979, que citamos a continuación. 14

"(...) La situación de conflicto que caracteriza al mundo actual, en la que una de las partes asumió desde la última guerra mundial la iniciativa y la agresión en todos los frentes y por todos los caminos, impone a los estados democráticos, en particular a aquellos menos estabilizados en su estructura social y política, especiales responsabilidades en materia de información y vigilancia ideológica. Frente a la disolución social, a la negación de los valores del hombre y al desprecio al régimen democrático que propone el mundo socialista, Occidente está obligado a salir del paso de la agresión impidiendo su avance en nombre de un sistema de vida y una organización social, que reconoce como valor primero la libertad y la dignidad humana.

"Estas nuevas funciones del Estado, desconocidas hasta hace muy pocas décadas, se hacen particularmente explícitas y apremiantes en el área de la cultura y la educación popular, donde la izquierda ideológica ha volcado desde los inicios del enfrentamiento una parte muy importante de su potencial material y de inteligencia.

"Conciente de estas responsabilidades y de los riesgos que supone su olvido por parte del Estado, el Ministerio del Interior de la Nación asume lo que entiende es su competencia específica, y en virtud de la misma se propone articular un sistema de publicación que asegure a la población el acceso a las creaciones de la cultura de Occidente, de cuyo contenido resulte la afirmación, el esclarecimiento y la docencia de los principios que sustentan nuestra organización social. Consecuente con ello ha promovido la concertación de un acuerdo con la Editorial Universitaria de Bs. As. según el texto que se incluye más abajo.

" La Editorial Universitaria de Bs. As., por su parte, se integra a este proyecto aportando el prestigio de su sello, su experiencia editorial y una estructura empresaria de 20 años de antigüedad, y asumiendo la responsabilidad técnica del proceso editorial, difusión y comercialización de las obras elegidas de común acuerdo para integrar este plan.

"Con este convenio el Estado argentino canaliza fondos hacia un área de la más alta prioridad política como es el de la formación de las creencias fundamentales del país, y dentro de él, de aquella parte que por su mayor desarrollo cultural, está destinado en el futuro a asumir la conducción de sus destinos.

"(...) Primera: El Ministerio del Interior encomienda a Eudeba la ejecución de un programa editorial constituido por obras cuyo contenido exprese a los más altos niveles el pensamiento político y social de Occidente, en sus manifestaciones actuales...

"Segunda: Los títulos constitutivos de este programa se incorporarán al catálogo de la Editorial sin conformar ninguna colección especial, ni contendrán mención alguna que los identifique como parte de este convenio. En todos los casos llevarán el sello identificatorio de Eudeba...

"Quinta: Eudeba seleccionará los títulos que componen este programa y recabará del Ministerio del Interior, con la anticipación conveniente, la aprobación anual del listado definitivo...

"Sexta: El Ministerio del Interior se reserva el derecho de aprobar el nombramiento de la persona que ha de desempeñarse como Director del Programa, a propuesta e la Editorial.. .

(...)

Como ya señalamos, en julio de 1976 el interventor que la dictadura colocó al frente de la UBA (Alberto Constantini) puso en funciones al directorio encabezado por García Venturini. Como se recordará, en el discurso correspondiente identificó a Eudeba como a un combatiente en la "guerra interna" que, se supone, el país vivía en aquellos años.

Los considerandos de este contrato mantienen la misma perspectiva estratégica, en la cual se plantea un enfrentamiento global entre Occidente y la "izquierda". Una de las "áreas de la más alta prioridad política" de este enfrentamiento "es la formación de las creencias fundamentales del país". En este terreno de beligerancia ideológica, se le asigna a Eudeba, y en particular a esta colección, un rol importante y activo. Una vez más las autoridades de la dictadura (en este caso el ministro Harguindeguy), 15 definen a la cultura como un área de interés vital en la lucha en la que estaban empeñados. 16 Y dentro de ello, se ratifica la participación significativa de la editorial universitaria.

Lo malicioso del caso es que los considerandos del contrato no disimulan la actitud oportunista de pretender aprovechar "el prestigio de su sello, su experiencia editorial y una estructura empresaria de 20 años de antigüedad". Valoraban a Eudeba, reconocían su trayectoria, y deciden poner ese capital a favor del proyecto dictatorial, que poco tenía que ver tanto con los orígenes de Eudeba como con su desarrollo histórico. Y se confirma así nuestra hipótesis según la cual la idea de la dictadura no consistía en destruir a las empresas culturales sino en ponerlas al servicio de su proyecto político-económico.

Se trata de una lógica perversa desde el momento en que los gestores históricos de Eudeba fueron reprimidos primero por la dictadura del general Onganía y después por el llamado "Proceso", que celebra "el prestigio" de la editorial. Tal el caso de Boris Spivacow, que renuncia en 1966 y cuya editorial privada, el Centro Editor de América Latina (CEAL), fue encarnizadamente perseguido por las fuerzas del general Harguindeguy. 17 Tal el caso de una gran cantidad de autores cuyos libros vendieron miles y miles de ejemplares bajo el sello de Eudeba, y a los cuales el Ministerio del Interior de la dictadura prohibía, censuraba o perseguía de diversas maneras. O el de Rogelio García Lupo, que debió afrontar juicios en su contra iniciados durante la dictadura, etc.

Por su Estatuto y conformación societaria, Eudeba dependía, naturalmente, del Rectorado de la UBA. No obstante, este contrato fue firmado por el delegado interventor de la editorial (un general formalmente designado por el rector) y el ministro del Interior, sin que se haga ni una sola mención de las autoridades universitarias o del Ministerio de Educación.

(...)

Tal vez llame la atención que el Ministerio del Interior sostenga que "asume lo que entiende es su competencia específica", es decir, participar en el "combate cultural" antes definido. Sin embargo, esto no debería sorprender. Investigaciones paralelas a este informe demuestran (documentos en mano) que ese Ministerio centralizaba las diversas formas de control cultural ejercidos entre 1976 y 1983. 18 Por otro lado, el Ministerio del Interior es el llamado "ministerio político", y al menos para la dictadura, la cultura era eminentemente un asunto político.

En este caso particular, el general Harguindeguy reconoce en un contrato oficial que no sólo estaba involucrado el control cultural, sino que además participaba activamente en la promoción de valores, creencias, etc. Esto es, que la censura no se limitaba a perseguir, censurar y reprimir de diversas formas, sino que además tenía su lado "positivo", su aspecto productivo, que consistía en promover un modelo cultural por lo general de maneras indirectas y, en este caso, de manera clandestina y fraudulenta.

El artículo segundo señala que los títulos que resulten de este convenio se deben incorporar al catálogo de Eudeba "sin conformar ninguna colección especial". Además, no "contendrán mención alguna que los identifique como parte" del acuerdo. Y así lo hicieron. Ninguno de estos libros informa al lector que se trata de textos acordados entre el Ministerio del Interior y Eudeba, textos que clandestinizan a los autores del proyecto detrás de la presencia de los autores de cada título. 19

El lector no debía saber que estaba leyendo libros seleccionados por el régimen militar. Por el contrario, el lector debería creer que leía libros propios de la vida académica de la UBA o de sus planes de extensión cultural. Es más, cabe preguntarse si los autores y los traductores alguna vez lo supieron. Sea como fuere, estos libros (acerca de cuyo contenido no podemos opinar) representan una clara estafa a los lectores: se editaron, se distribuyeron, se exhibieron en las librerías, y durante años fueron vendidos como parte del catálogo editorial normal de Eudeba. Es posible, inclusive, que algunos de ellos todavía circulen a la venta sin que los lectores lo sepan. De hecho, las autoridades de Eudeba posteriores a la dictadura nunca realizaron un inventario de esta colección.

Esto responde al papel que la dictadura asignaba a la cultura dentro de su estrategia general. La cultura en sentido amplio era definida como el terreno principal de la lucha contra "el enemigo", lo cual es confirmado en este contrato cuando se sostiene que "el Estado argentino canaliza fondos hacia un área de la más alta prioridad política como es el de la formación de las creencias fundamentales del país".

Pero en este caso particular, la perspectiva estratégica de las autoridades del régimen apunta todavía más allá, apunta a futuro. Por lo menos desde 1977 comenzaron a tener en cuenta que en algún momento deberían devolver el gobierno y que, por lo tanto, deberían dejar en manos confiables las herramientas principales del control del Estado y de la sociedad.

En el caso particular de este contrato, no pensaron en cuáles manos dejar el control, sino en la formación de futuros dirigentes, esto es: "aquella parte (del país) que por su mayor desarrollo cultural, está destinado en el futuro a asumir la conducción de sus destinos". Esta colección estaba destinada, entonces, a contribuir a la formación de "cuadros intelectuales" o de "cuadros dirigentes" según los parámetros de las autoridades de la dictadura. Se proponían por lo menos participar en la formación de los futuros dirigentes del país.

(...)

Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5), aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993. Ver también el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Resolución 2200 A (XXI), Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre de 1966.

García Canclini, N.: Las culturas populares en el capitalismo . Casa de las Américas, 1999.

Bayardo, Rubens: "Antropología, Identidad y Políticas Culturales", en Revista Naya. La Colección. http.//www.naya.org.ar

Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith: Un golpe a los libros . Eudeba. Bs As. 2002.

Se trata en realidad de un debate abierto, dado que otros, por el contrario, afirman que las consecuencias de la política cultural de la dictadura persisten aún hoy.

El coronel Carlos Alberto Tepedino fue Jefe de Inteligencia Interior de la SIDE de 1975 a 1977. Durante 1978 y 1979 fue Jefe del Batallón de Inteligencia 601 y luego pasó a integrar la Jefatura II , Inteligencia, del Estado Mayor del Ejército, que lo volvió a convocar a sus filas durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

Para un desarrollo más detallado de este punto ver: Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith, op. cit, capítulos 1, 2 y 3.

Este documento completo se puede encontrar citado en idem Cap. 3.

Este discurso en nada afecta el carácter estratégicamente central de la reformulación del modelo económico-social (plan Martínez de Hoz), al servicio del cual se colocó el aparato represivo.

Desde el punto de vista de los documentos militares hay numerosos ejemplos que ratifican esa línea de pensamiento. Recordamos las Directivas del Comandante en Jefe No. 504 de 1977 y No. 604 de 1979, ejemplos puntuales y complejos de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Oliveira, Alicia y María José Guembe: "La verdad, derecho de la sociedad" en Varios: La aplicación de los tratados de Derechos Humanos por los tribunales locales . Ediciones del Puerto/CELS, Buenos Aires, 1998. Pág. 459.

Idem, pág. 551.

El general Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal durante la última etapa del gobierno peronista y ministro del Interior durante toda la gestión del dictador Videla. Desde ese cargo centralizó las relaciones políticas oficiales de la dictadura con las fuerzas políticas y las provincias y, al mismo tiempo, centralizó gran parte del aparato represivo legal e ilegal de la dictadura. Fue procesado debido a numerosas denuncias en su contra. Tuvo, además, un papel protagónico en las políticas de control cultural desarrolladas por el régimen.

Texto completo del contrato en el Anexo 2.

La participación directa del general Harguindeguy confirma que la cultura formaba parte central del problema de la "seguridad nacional", lo cual se encuentra perfectamente demostrado en varios documentos que son parte de la investigación general "Represión y Cultura".

A modo de ejemplo, se recuerdan las siguientes expresiones del general Acdel E. Vilas, Comandante del V Cuerpo de Ejército: "Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg (...) Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero..." Informe de la AIDA (Asociación Internacional para la Defensa de los Artistas víctimas de la represión en el mundo). Citado en: García, Prudencio: El drama de la autonomía militar , Alianza Editorial, Madrid, 1995

El CEAL sufrió allanamientos, persecuciones y la quema pública de miles de libros. Ver Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith: op. cit.

Ver al respecto Invernizzi, H y Gociol, J., op.cit, en donde se expone la participación del Ministerio del Interior en e sistema de contro cultural.

Habría una correspondencia entre la clandestinización del sistema represivo general, como metodología del terrorismo de Estado, y la clandestinización de este convenio (que naturalmente no fue publicado ni en el Boletín Oficial ni en ningún medio equivalente, lo cual es extraño tratándose de un financiamiento del que Eudeba debió llevar control contable). Lo cual, además, permite presumir que podrían existir otros convenios semejantes, que son buscados por esta investigación.